La corrupción, ninguna duda cabe, es la raíz de los males de toda sociedad. No se reduce al robo del dinero en los sectores público, privado ni en ninguno de los otros grupos sociales, sin excepción, porque incluye acciones sucias, ocultas. Desde hace algunos años ha tratado de ser combatida por medio de códigos y castigos, al aceptar su directa relación con la ética, la integridad y la probidad, términos cuyo significado, aunque sea en sus elementos mínimos y fundamentales, necesitan hoy ser muy conocidos para permitir a hombres y mujeres saber cuándo son correctas sus acciones, decisiones o criterios de todo tipo: políticos, ideológicos, religiosos, científicos, aunque su ruptura sea una parte del libre albedrío, de la libertad humana y por ello castigable.

El tema surgió el viernes con el festejo del primer aniversario del nacimiento de la Comisión contra la Corrupción, nueva entidad del gobierno —ahora bautizado como “Arévalo-Herrera”— en el patio del Palacio Nacional, y también porque según la entidad alemana privada Transparencia Internacional, en 2024 el país escaló dos puntos, del 23 al 25, en el índice de percepción de la corrupción. El gobierno celebró este número y en efecto es un ascenso positivo, pero esa cifra es menor a la de la peor evaluada del mundo, el África Subsahariana, cuyo promedio es de 33. Según el mandatario guatemalteco, Guatemala estaba en el puesto 154 de los países corruptos y ahora está en el 146. La mención de la ética para el Ejecutivo abre la puerta a algunos análisis.

La ética necesita conocer los conceptos mínimos en sus verdaderos significados, al referirse a lo correcto, no necesariamente a lo legal, aunque esto tiene lugar. Es voluntaria y la ley es obligatoria, pero ambas buscan la virtud, es decir, lo correcto. Si quien desobedece una norma recibe castigo, en realidad es una ley y la voluntad desaparece. Cuando el código permite la aceptación voluntaria del castigo, entonces es código deontológico, según un criterio derivado del pensamiento de Aristóteles, hace unos 2,200 años. La ética, en su concepto actual, tiene muy cercanas a la integridad (imparcialidad, decencia); la probidad (honradez, cumplimiento de promesas), y la transparencia (claridad, facilidad de comprensión).

Los códigos de ética o deontológicos, para buscar lo correcto, deben tender al resumen, a la simplicidad y a la claridad. En eso, el Programa de la ONU para el Desarrollo constituye una guía, pero no menciona los castigos para quienes lo desobedecen. Sobre el ejercicio de la política hay otros dos factores: el cumplimiento de las promesas y el abuso de la autoridad. Ejemplo: la reducción del salarios presidenciales, en un tipo de casos, y en el otro, el abuso del aumento del presupuesto nacional sin antes cumplir la promesa de reducirlo en 30% por despilfarros o el descarado incremento del sueldo de los diputados, aprobado por unos pocos pero luego aceptado descaradamente por la totalidad, aumentando su rechazo y su popularidad.

Lo anteriormente citado encaja en la corrupción. Punto. Así es y de esa forma lo mira la mayoría de la población, aunque lo acepta como un mal imposible de solucionar debido a la persistencia desde hace décadas. Lo mismo se puede decir de la ausencia del trabajo de los burócratas, los maestros, los profesionales, y también el atraso a los juicios, por señalar ejemplos no necesariamente relacionados con embolsarse el dinero. En ese sentido, los números de Transparencia Internacional no son confiables en su totalidad. Todo lo expresado no implica abandonar esos esfuerzos, sino solo señalar el verdadero significado y alcances de ese mal endémico cuya peor característica es la falta de castigo legal para quienes la practican desde poco después de comenzar.