Cansados de la nula acción de las autoridades, transmigrantes guatemaltecos han denunciado públicamente las extorsiones, robos e intimidaciones que sufren al cruzar México con cargamentos y vehículos provenientes de Estados Unidos. Alejandro Ricci, integrante del grupo, relató que estas situaciones se repiten constantemente en Chiapas y otras rutas, donde ministeriales y civiles ilegales, conocidos entre ellos como “madrinas”, interceptan los transportes.

Ricci ha publicado varios videos que muestran el diario vivir de los transmigrantes, en los que se observa a hombres con la cabeza cubierta cortando marchamos para abrir contenedores. A otros, aseguró Ricci, los han intentando intimidar o extorsionar con armas de fuego, y otros han sido detenidos en puestos irregulares, donde les exigen dinero.

“Le tenemos más miedo a la policía en México que incluso al propio crimen organizado”, aseguró al exponer la problemática.

Explicó que los sujetos rompen encomiendas, disparan contra los vehículos y exigen sobornos que van desde 3 mil dólares hasta Q50 mil, dependiendo de la carga y de la disposición de los transmigrantes a resistirse. Incluso algunos funcionarios ahora aceptan pagos con tarjeta, a través de dispositivos POS, según denunció.

El transmigrante expuso que han buscado apoyo de diputados guatemaltecos, pero muchos no han respondido o aseguran que no tienen injerencia en territorio mexicano.

“Les hemos planteado la situación y nos dicen que, lamentablemente, no genera votos; para ellos, mientras no haya un beneficio electoral, no hay interés en ayudarnos”, señaló.

Además, indicó que han recurrido a medios escritos y televisivos, pero solo miran los videos y leen lo que les publican, sin que haya acciones concretas. Incluso llevaron la evidencia a la conferencia presidencial mexicana, pero los videos fueron eliminados.

“Se ha tratado de contactar a influencers para viralizar la situación, pero nadie quiere ayudar. Necesitamos que esto se haga viral para que alguna autoridad centroamericana vea que estamos arriesgando nuestras vidas”, añadió.

Ricci detalló que el grupo transporta principalmente vehículos adquiridos en subastas de Estados Unidos, además de camiones, motos, maquinaria y encomiendas variadas.

Aproximadamente 200 personas transitan diariamente con cargamento, generando ingresos significativos para la economía de ambos países. Sin embargo, denunció que las extorsiones son constantes desde la frontera con Estados Unidos hasta Chiapas, y que incluso autoridades aduaneras mexicanas permiten la presencia de grupos ilegales que cobran tarifas adicionales por cada vehículo, moto o contenedor.

“Nosotros movemos economía, pagamos impuestos, generamos empleos en México y Guatemala, pero aun así nos sentimos desprotegidos por nuestro propio gobierno”, señaló.

Ante estas denuncias, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que, a través de su red consular en Chiapas, ha sostenido reuniones con la Secretaría de Frontera Sur y representantes de las fiscalías locales.

“En relación con las denuncias sobre algunos retenes ubicados en Huixtla y en el libramiento Tuxtla Chico–Tapachula, así como en las zonas de Ciudad Hidalgo y Tapachula, se han sostenido reuniones con la Secretaría de Frontera Sur”, informó la institución.

Agregaron que “en dichas reuniones participaron representantes de las distintas Fiscalías con presencia en el Estado de Chiapas, quienes han sido enterados de las denuncias planteadas”.

Durante los encuentros, el Minex señaló que “los retenes deben contar siempre con la presencia de Fiscales del Ministerio Público”.

Asimismo, indicaron: “Los Consulados de Guatemala en Tapachula y en Ciudad Hidalgo cuentan con los contactos directos de los fiscales, a fin de reportar cualquier abuso o irregularidad que llegue a su conocimiento y pudiera cometerse en los puestos de control”.