Pedro Pablo Marroquín Pérez [email protected] @ppmp82 Durante años, muchas personas que actuaban al margen de la ley vivían en paz y armonía. Un amigo me recordó hace unos días una frase de Roxana Baldetti en el poder: “¿Qué te preocupa? Si aquí no pasa nada hombre, está tranquilo”. Luego de eso sí empezaron a pasar cosas, la intranquilidad embargó a muchos y se firmó “un pacto de sangre” entre diversos actores que juraron que nunca más perderían el control, que nunca más estarían en penas con la justicia, que nunca más quedarían expuestos y para lograrlo, elaboraron un plan con rutas claras y con mapas bien trazados que han venido ejecutando casi a la perfección. Uno de esos eslabones era el control de la Corte de Constitucionalidad (CC) y ya se empiezan a ver los efectos de lo logrado. La CC emite en la misma semana resoluciones contradictorias con personas que no están en el país y utiliza para el efecto, leyes que no aplican para el caso concreto (Código Procesal Civil y Mercantil no aplica porque lo hace la Ley de Amparo) y procedimientos no establecidos. Hasta la fecha, la CC no aclara si ahora tendrá una parte de “investigación” y si firmarán un “convenio” con Migración para la obtención de los movimientos migratorios de los interponentes. Pero el punto al que quiero llamar la atención es este y lo ejemplifico con esta situación: Una persona contrata a un sicario para que le haga sus “trabajitos”. Cobra 100 por cada uno y llega a ejecutar hasta 10 en un año. Pasado el primer año, el sicario le dice que ya no son 100 por futuros trabajos, sino que 200 por cada uno y que para que sus secretos estén guardados para siempre, son otros 1000 por los ya ejecutados para no revelar nada a las autoridades si lo capturan. Como era de esperarse, la persona que lo contrató lo manda por un tubo porque le dice que el cobro es excesivo y que no hay forma que lo vinculen a él con el asesino porque todo lo hizo de manera que “no dejara huellas”. ¿Qué hizo el sicario? Mató a quien le contrató y ya no quiso acceder a su “nueva propuesta”, valiéndose del mismo sistema con el que pudo aniquilar a los 10 anteriores. Esto, justamente, es lo que están alimentando quienes se están prestando a que, desde las cortes del país, en especial la CC, se cometan ilegalidades a las que les dan toda la apariencia de legalidad. Hoy las celebran porque sienten que tienen el control, pero no se dan cuenta que si el día de mañana gana el radical al que tanto odian, con esas mismas prácticas los aniquilarán. Uno de los efectos de desmantelar el Estado de Derecho es que no quedan redes de seguridad para los ciudadanos. Muchos han remado en la misma dirección de mafias poderosas y sanguinarias que buscaban el control de las cortes, por ejemplo, pero sin darse cuenta que cuando el crimen toque a su puerta para adquirir la propiedad preciada o la empresa, no habrá a quien acudir. En esas ligas no hay lealtades y lo que no se han dado cuenta quienes están invirtiendo y confiando en ese modelo es que, llegado el momento, los más rudos controlarán al cuello blanco de una manera que los perseguirá por décadas. La solución pasa por enfrentar el fondo, pues se necesita de medidas estructurales que hagan que la justicia no sea el botín por el que se pelea todos los días y que encuentra sus fases más importantes cuando se eligen magistrados para la CC, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones, aunque la liga que se juega todos los días es la Carrera Judicial y la designación de jueces. La vida misma no tiene sustento en un sistema así, no digamos los negocios y la gente honrada que busca invertir en un país que tanto lo necesita. Incentivar inversión local y atraer inversión extranjera no es poca cosa y sin duda alguna, en estas condiciones la cuesta se pone tan empinada como la subida el Everest.