Por Lourdes Arana [email protected] Este jueves, el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, continuó con el desarrollo de la audiencia de primera declaración del exdiputado Julio César López Villatoro, por su presunta vinculación al caso Plazas Fantasma y lo ligó a proceso penal, además, deberá permanecer en prisión preventiva. Por otro lado, la juzgadora ordenó a la FECI investigar a la Contraloría General de Cuentas por no advertir las irregularidades detectadas. La jueza tomó en cuenta los medios de prueba presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, para dictar auto de procesamiento en contra de López Villatoro, por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción. https://twitter.com/lahoragt/status/1395438721206562828 DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA La jueza Claudette Domínguez consideró que debido a que el excongresista estuvo prófugo de la justicia durante cuatro años, no se ha desvanecido el peligro de fuga, además de que podría incurrir en la obstaculización de la averiguación de la verdad por lo que decretó auto de prisión preventiva contra López Villatoro. INDICIOS Según los indicios presentados por la Fiscalía y por testigos, durante el periodo comprendido entre el 2015 y 2016 el presidente del Organismo Legislativo, Luis Rabbé negoció con los demás miembros de la JD cómo se distribuirán la contratación de personas que estarían bajo su cargo sin que estas se presentaran a trabajar. Cada uno de los miembros de esa Junta, tenían derecho de “pagar” sueldos por el grupo de personas contratadas de hasta Q150 mil por grupo. En el caso de Julio César López Villatoro, segundo vicepresidente en ese entonces autorizó la contratación de 12 personas bajo su cargo que no se presentaron a sus labores dentro del Palacio Legislativo o no cumplían con los requisitos previstos en ley para ser contratados. JUDICATURA PIDE INVESTIGAR A CONTRALORÍA Debido a que la contratación irregular de todo el personal dentro del Congreso pasó desapercibida por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC), la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez ordenó a la FECI investigar a la institución, según indicó la juzgadora, era deber de la CGC realizar las auditorías correspondientes y denunciar las plazas irregulares.

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EL CASO Según las investigaciones de la FECI y la otrora Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), casi 300 personas fueron contratadas de manera irregular durante las gestiones de Pedro Muadi y Luis Rabbé, cuando estos fungieron como presidentes del Congreso entre el 2014 y el 2016. Luis Rabbé se encuentra pendiente de ser extraditado, sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México notificó oficialmente a la FECI, el pasado 15 de marzo, que se llevaría a cabo su traslado a Guatemala. Hasta el momento no se ha notificado de la fecha específica de cuándo sucederá esa extradición, pero se indicó que los trámites correspondientes están realizados.

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