Por Jeanelly Vásquez jvasquez@lahora.com.gt Organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones varias y particulares, exigieron en un comunicado justicia ante la violencia y criminalización que han vivido en Guatemala en los últimos días, del mismo modo, expusieron su perspectiva frente a detenciones de personajes públicos reconocidos y líderes en la lucha por el medio ambiente. “La violencia y la criminalización no nos amedrenta; seguiremos exigiendo justicia”, es la consigna que destacaron en el comunicado. “La embestida de los grupos políticos, económicos y criminales que controlan las instituciones del Estado ha cobrado fuerza en los últimos días, con acciones que buscan amedrentar e intimidar a la población en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales”, expresaron a través de un comunicado. Aseguran que, en los últimos días, bajo el control de la Corte de Constitucionalidad (CC), estos grupos autoritarios han promovido acciones intimidatorias contra periodistas independientes y autorizado una ley que permite al Ejecutivo cancelar organizaciones que fiscalizan al Estado sin concurso de juez.

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Del mismo modo expresan que el Ministerio Público (MP) ha operado efectivamente únicamente en la persecución de “actores incómodos que rechazan y construyen alternativas al sistema político económico actual, basado en la corrupción y el despojo”. En el documento los colectivos hacen alusión a la captura del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Solórzano Foppa y el ex exanalista de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Aníbal Argüello; expresan que estas detenciones son un ejemplo de cómo el MP actúa cuando se trata de personas consideradas como líderes de oposición. “Solórzano Foppa afectó los intereses de grandes evasores en su trabajo como Superintendente de Administración Tributaria y Argüello sentó las bases técnicas sobre las que se construyeron casos como La Línea, TCQ —Caso Terminal de Contenedores Quetzal—, y Cooptación del Estado. En efecto, estas acciones podrían debilitar la solidez del caso La Línea y garantizar impunidad para los procesados”, argumentó parte de la población guatemalteca. [embed]https://twitter.com/lahoragt/status/1395790283066036231[/embed] Adicionalmente, los grupos sociales critican la persecución contra líderes y lideresas ambientalistas como Roberto Cáceres, Matilde Baján e lngry Leja, quienes son conocidos por su compromiso con la defensa del ambiente, del territorio y los recursos naturales, ante los abusos de grandes corporaciones extractivas. Los firmantes destacan que “los derechos humanos no son solo las garantías jurídicas básicas con las que cuenta la población; son herramientas que buscan transformar realidades y crear mejores oportunidades para que la población viva bien y con dignidad.”

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Asimismo, explican que el ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía amenaza a los grandes grupos de poder, por lo cual acuden a medidas represivas como la violencia, intimidación y persecución penal como mecanismo de defensa. “Las personas y organizaciones firmantes sabemos que solo si redoblamos el compromiso con los derechos humanos lograremos resistir estos golpes violentos contra la democracia y, en última instancia, caminar en la dirección de la transformación del sistema de justicia y el sistema político”, concretaron las agrupaciones en su comunicado y concluyeron con la consigna: ¡Salvemos la democracia!