El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo un llamado al gobierno de Nicaragua para que libere de inmediato a la líder de la oposición Cristiana Chamorro, así como a dos de sus colegas de las recientemente clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia. En su pronunciamiento, el Departamento de Estado asegura que esto representa un abuso de sus derechos y un asalto a los valores democráticos. En la declaración, emitida desde la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se destacó que el régimen de Ortega debería liberar de inmediato a la líder de la oposición. https://twitter.com/lahoragt/status/1401185083650871297 “Su detención por cargos falsos es un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar elecciones libres y justas”, aseguró. A la vez, afirmó que la detención de Chamorro se produce en medio de implacables ataques contra candidatos presidenciales y medios independientes que están a favor de la democracia. “El régimen de Ortega se ha comprometido a prohibir la participación de la Sra. Chamorro en las elecciones de noviembre y, en mayo, canceló sin fundamento el estatus legal de dos partidos políticos de la oposición”, mencionó Price. Asimismo, recalcó que en lugar de implementar reformas electorales antes de la fecha límite de mayo establecida por la Organización de Estados Americanos, el presidente Ortega instituyó más restricciones y redujo la transparencia electoral. “Las actuales condiciones de represión y exclusión no son congruentes con unas elecciones creíbles. La región y la comunidad internacional deben unirse al pueblo nicaragüense en apoyo de su derecho a elegir su gobierno libremente”, puntualizó.

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¿QUÉ SUCEDE CON CRISTINA CHAMORRO? Cristiana Chamorro tiene 67 años y hasta enero pasado dirigió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), según la agencia AP, para promover la libertad de expresión; cerró operaciones en febrero, presionada por una ley que controla los fondos externos de las ONG. La Fiscalía la acusa de lavado de dinero y otros delitos, por presuntas “irregularidades” financieras. La aspirante presidencial opositora de Nicaragua, fue inhabilitada por el gobierno de Daniel Ortega para participar en las elecciones del 7 de noviembre y actualmente se encuentra en arresto domiciliario, bajo vigilancia policial e incomunicada, aseguran sus allegados.

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