Caso Libramiento de Chimaltenango: Se suspende audiencia de recusación contra jueza de León

Caso Libramiento de Chimaltenango: Se suspende audiencia de recusación contra jueza de León

14/06/2021 11:53
Fuente: La Hora 
La Sala Segunda de Mayor Riesgo suspendió nuevamente la audiencia para conocer la recusación planteada en contra de la jueza de Mayor Riesgo "C", Silvia de León, por representantes legales de Constructora Nacional S. A. (Conasa), al considerar que la juzgadora emitió opinión previo a ligar a proceso a varios implicados en el caso Libramiento de Chimaltenango. Se desconoce la nueva fecha para la diligencia. La suspensión se dio debido a una solicitud realizada por uno de los abogados defensores de los implicados. El Juzgado de Mayor Riesgo “C” había programado la audiencia de etapa intermedia en contra de todos los procesados para el próximo 21 de junio, sin embargo debido a que no se cuenta con nueva fecha para conocer la recusación en contra de la jueza Silvia de León, el proceso estará detenido. https://twitter.com/lahoragt/status/1404477084009910273 FALTA DE ABOGADOS DEFENSORES El pasado 2 de junio, la primera audiencia de recusación contra la jueza Silvia de León, quedó suspendida por la falta de presencia de abogados defensores de cuatro implicados. En este sentido, se asignaron abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), pero al no conocer el expediente la Sala Segunda de Mayor Riesgo resolvió aplazar la diligencia. EL CASO Según la investigación presentada por la Fiscalía, varias personas implicadas dentro del expediente, sustrajeron recursos del Estado por una suma de alrededor de Q15 millones que se pagaron por terrenos inexistentes o simularon derechos de posesión que no se tenían. Entre las personas señaladas dentro del caso Libramiento de Chimaltenango, se encuentran tres integrantes de la junta de licitación del Ministerio de Comunicaciones que favoreció a la entidad Renova Ingenieros, trasladando más del 98 por ciento de los recursos recibidos hacia Conasa defraudando al Estado por más de Q90 millones, según el MP.