Fue en junio de 2018 la última vez que Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la presidencia y colaborador eficaz del Ministerio Público (MP), compareció ante los tribunales de justicia, previo a recuperar su libertad y abandonar el país. Cuatro años después, nuevamente comparecerá a una audiencia, esta vez con la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el exmandatario Otto Pérez Molina, por el caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”, en el que por primera vez dará su versión de los hechos. Monzón fue llamado a declarar el próximo 20 de junio en el debate oral y público que se lleva en contra de 30 personas en el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, presidido por la jueza Jeannette Valdes. La intervención del exfuncionario será por medio de video conferencia y podría durar tres días. El próximo 17 de junio el juicio de este caso cumplirá cinco meses de desarrollo. https://twitter.com/lahoragt/status/1532538875108802569

El PROCESO

A largo de los casi cinco meses de juicio, el caso ha tenido pocas interrupciones, las diligencias se realizan de lunes a miércoles, además, todos los acusados ya tuvieron la opción de declarar o abstenerse. Así mismo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), efectuó la exposición de medios de prueba. De igual forma ya se tuvo la presentación de escuchas telefónicas y la intervención de Aníbal Argüello, exanalista de la extinta CICIG, quien detalló el organigrama operativo de “La Línea”. Actualmente, peritos presentan informes y verifican prueba documental.

PENAS CONMUTADAS

En su momento el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, sentenció a Monzón dentro del caso “La Línea” por el delito de asociación ilícita a tres años y cuatro meses, por defraudación aduanera a tres años y cuatro meses, asimismo, por cohecho pasivo a dos años y nueve meses. Sin embargo, las penas por los primeros dos delitos fueron conmutadas y la última fue suspendida. En relación al caso “Cooptación del Estado”, de igual forma Gálvez le conmutó una pena por asociación ilícita, le suspendió la pena por cohecho pasivo. También fue sentenciado a cinco años por lavado de dinero, no obstante, aplicó a un beneficio de “libertad anticipada” como parte del convenio de colaboración eficaz en el que brindó información de los casos de corrupción en los que estaba involucrado.