Irma González reconoció la mochila gris de la foto. Era la misma que su hijo había usado en la preparatoria, la misma que se había llevado a su primer trabajo hacía tres años, justo antes de que desapareciera.

Cuando González, de 43 años, vio las imágenes en televisión de fragmentos de huesos y pertenencias personales desperdigadas que se habían descubierto en un rancho en el occidente de México, su corazón se encogió. ¿Sería que su hijo Jossel Sánchez, había ido a parar ahí? ¿Estarían sus restos en algún lugar de ese sitio? ¿O habría llegado ahí conducido por un grupo delictivo solo para llevárselo a otro lado?

El miércoles, de pie a menos de 100 metros de la entrada del rancho Izaguirre, rodeado de campos de caña de azúcar y lomas estériles, González clamaba por respuestas.

“Solo quiero encontrar a mi hijo, vivo o muerto”, dijo mientras lloraba y suplicaba a los agentes de la policía local que habían asegurado el lugar que la dejaran entrar.

González era el eco de la pena que sienten innumerables otros mexicanos que buscan a sus seres queridos desaparecidos, una pena destrozada por una mezcla de esperanza y desdicha. Esta conmoción emocional sucedió luego de que, hace unas dos semanas, voluntarios de búsqueda descubrieran un rancho a las afueras de La Estanzuela, un pueblo pequeño y polvoriento cerca de Guadalajara, en Jalisco.

Dentro del lugar abandonado, integrantes del grupo de búsqueda, Guerreros Buscadores de Jalisco, hallaron rastros de una violencia inimaginable: hornos crematorios, restos humanos quemados y fragmentos de huesos. También había pertenencias personales descartadas y cientos de zapatos.

El descubrimiento ha sacudido al país para convertirse en el símbolo más reciente de la incesante violencia de México y su crisis de desapariciones.

Más de 120.000 personas han desaparecido en México desde que el país empezó a llevar la cuenta en 1962, según los datos oficiales. De 2018 a enero de 2023, la agencia gubernamental que coordina los esfuerzos para localizar a las personas perdidas en México registró 2710 fosas clandestinas con restos humanos por todo el país.

Hasta ahora, las autoridades locales aquí en Jalisco no disponen de muchas respuestas sobre el llamado “campo de exterminio”, como lo denominan los medios de comunicación y grupos de búsqueda.

Las autoridades han dicho que el campamento podría haber sido operado por el Cartel Jalisco Nueva Generación —uno de los grupos delictivos más violentos del país— para entrenar reclutas, torturar víctimas y deshacerse de sus cuerpos. Pero aún no dicen cuántas personas murieron en el lugar y ninguno de los restos ha sido identificado.

El miércoles, el fiscal general de México, Alejandro Gertz, criticó la investigación inicial que llevaron a cabo las autoridades locales y dijo que había estado plagada de irregularidades. Las autoridades locales no aseguraron el lugar luego de que miembros de la Guardia Nacional lo localizaron por primera vez hace seis meses, y poco después quedó “abandonado”, dijo Gertz.

Esos investigadores no documentaron ni registraron adecuadamente lo hallado en el lugar, ni tomaron las huellas dactilares que se hallaban en el lugar, dijo. La oficina de la fiscalía general de la república, a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha tomado el control de la investigación.

El jueves, periodistas de The New York Times ingresaron al terreno, del tamaño de un campo de fútbol americano, bordeado de muros de cemento.

En el interior de un gran almacén con tejado de lámina, donde el grupo de búsqueda descubrió montones de ropa y zapatos, el espacio ahora estaba inquietantemente vacío. Tres gallinas deambulaban por el silencio. En el suelo parpadeaba una única vela solitaria.

El suelo estaba cubierto de basura, latas de cerveza vacías y fragmentos de cristales rotos. Llantas de coche parcialmente enterradas y alambre de púas marcaban la zona donde las autoridades creen que el cártel pudo haber entrenado a sus reclutas.

Pequeños agujeros, no mayores que un bote de basura, salpicaban la tierra como un salero, el rastro de los antropólogos forenses que excavaron el suelo en busca de restos humanos u otras pruebas.

Varios lugares de excavación más grandes estaban acordonados con cinta policial amarilla.

El día anterior, González al fin había logrado que la dejaran ingresar, solo para descubrir que todas las pruebas habían sido trasladadas. Salió de allí con una mezcla de alivio y decepción. “Como madre siento alivio pero ya quiero dejar de sufrir”, dijo.

Hace más de tres años, el hijo de González, Jossel, desapareció tras ser contratado para trabajar en una tienda de telefonía móvil en Puebla, en el centro de México, a través de un anuncio de Facebook. Con 18 años y a punto de graduarse, abandonó los estudios para mantener a su familia cuando González enfermó de una neumonía que la dejó incapacitada para trabajar.

Juntó el dinero suficiente para comprar un boleto de avión a Jalisco y comprobar por sí misma si la mochila pertenecía realmente a su hijo. Tal vez, en esa pequeña confirmación, podría encontrar algo de claridad, y tal vez incluso algo de paz.

Numerosas familias de todo México han escudriñado las fotos, en una búsqueda desesperada de señas de sus familiares desaparecidos. Algunos han reconocido objetos y han ido presurosos a Guadalajara, la capital de Jalisco, con la esperanza de encontrar respuestas.

Aunque el descubrimiento del rancho conmocionó a la nación, la noticia de otra fosa común y de víctimas enterradas se ha convertido en algo habitual en el estado de Jalisco, que registra el mayor número de desapariciones de México.

Solo dos días antes de que se encontrara el rancho Izaguirre, miembros del grupo Guerreros Buscadores de Jalisco recibieron información sobre una fosa común en una propiedad residencial de Guadalajara. Allí descubrieron 13 bolsas con restos humanos enterradas en el patio trasero, según Raúl Servín, uno de los líderes del grupo de búsqueda.

Los habitantes desconocían la existencia de la fosa, dijo.

Hace siete años, Servín se vio obligado a convertirse en una suerte de antropólogo cuando su hijo de 20 años, Raúl, desapareció sin dejar rastro. Fue una mujer de otra organización de búsqueda quien le enseñó las técnicas que necesitaría: cómo elegir la pala adecuada para cavar y reconocer el sonido hueco específico que hace la tierra al pisarla, una señal reveladora de que algo, o alguien, podría estar enterrado debajo.

Ahora reparte sus días trabajando como mesero y respondiendo a cientos de llamadas con pistas sobre posibles ubicaciones de fosas comunes por toda Guadalajara. Acude pala en mano, inspecciona el terreno y excava en busca de víctimas desaparecidas. En siete años, dice, ha encontrado cientos de cadáveres.

Lo hace para intentar dar un poco de paz a las familias.

“Un zapato no te da un cuerpo que puedas enterrar, sepultar e ir a visitar al panteón a platicarle. No te da claridad de qué le pasó a mi hijo”, dijo Servín, de 53 años.

Su hijo figura entre las más de 15 mil personas que han desaparecido en el estado de Jalisco. Se cree que muchos de estos casos están relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación.

A medida que el grupo criminal ha ido expandiendo su territorio por todo el estado en los últimos años, el número de homicidios y desapariciones en Jalisco se ha disparado.

Ulises Ruiz, un fotógrafo local que estaba con el grupo de búsqueda cuando encontraron el rancho a principios de este mes, comparó las desapariciones generalizadas en Jalisco con una pandemia, señalando que el fenómeno ha crecido exponencialmente, afectando a más y más personas.

“Es como pasó con el covid, pensabas y escuchabas que era algo que estaba pasando en otros lugares, en otras partes del país”, dijo. “Y de repente todo mundo a tu alrededor tiene un pariente o conoce a alguien que ha desaparecido”.