Stephen McFarland, embajador de Estados Unidos en Guatemala entre 2008-2011 y que ocupó otros cargos diplomáticos, respondió a varias preguntas formuladas por La Hora, en las que abordó la relación entre ambos países, las críticas del presidente Alejandro Giammattei a funcionarios de esa nación, así como las sanciones que la administración de Joe Biden ha aplicado a varios guatemaltecos. Además, destacó que la independencia judicial y la transparencia son esenciales para el libre comercio y la democracia; que el peligro de la corrupción va más allá de acelerar la migración y que la presencia de jueces, fiscales, periodistas y activistas asilados o refugiados en EE. UU. dice mucho de la regresión democrática en Guatemala. Asimismo, hizo énfasis en que “la élite empresarial, espero, está meditando la situación en la cual se metió. Se equivocó profundamente al dejarse seducir por un proyecto que prometía deshacer la justicia independiente, y al sumarse a la supuesta defensa de la soberanía contra EE. UU.”. El entrevistado remarcó que sus opiniones son personales. A continuación, sus respuestas como las trasladó. ¿Cómo se percibe la relación actual Giammattei-EE. UU. y cómo puede afectar a largo plazo el apoyo hacia el pueblo de Guatemala? ¿Qué consecuencias puede generar la obstinación del presidente Alejandro Giammattei de criticar a funcionarios de EE. UU.?Stephen McFarland:La relación es conflictiva. Por un lado, la economía de Guatemala depende de la migración creciente, principalmente de ciudadanos guatemaltecos de los pueblos indígenas, hacia los Estados Unidos y de un crecimiento continuo de remesas para Guatemala. Por lo tanto, el gobierno de Guatemala y los sectores que lo apoyan tienen poca motivación para hacer los importantes cambios para mejorar la situación en el país que permita a todos los guatemaltecos tener una vida digna. En teoría, la decisión de migrar es individual o familiar, pero en la práctica las políticas económicas y sociales del Estado guatemalteco, magnificado por la creciente corrupción, hacen que la gente más pobre o más desesperada tenga que migrar -entre 200 mil a 300 mil lo intentan cada año- a pesar de los peligros del viaje. Por su parte, el gobierno de EE. UU. busca no solo la cooperación de Guatemala en recibir a ciudadanos de Guatemala y terceros países deportados, sino también en apoyar, a través del comercio bilateral, las inversiones privadas norteamericanas, la cooperación judicial y la ayuda humanitaria para que Guatemala reduzca significativamente los factores que motivan la migración. [caption id="attachment_543648" align="alignnone" width="696"] El presidente, Alejandro Giammattei. Foto La Hora/Presidencia.[/caption] Para los EE. UU., la independencia judicial y la transparencia son esenciales para el libre comercio y la democracia. El desmantelamiento de la independencia judicial y la corrupción creciente en Guatemala son factores que desmotivan la inversión privada legal, reducen los ya insuficientes servicios públicos e impulsan la migración, que a su vez tiene consecuencias políticas y económicas para EE. UU. Este análisis lo comparten algunos congresistas republicanos, no solo demócratas en el Congreso de EE. UU.; recuerden que la ‘Lista Engel’ fue aprobada por un Congreso bajo control del Partido Republicano y que la expansión de la Lista Magnitsky fue una decisión ejecutiva del presidente (Donald) Trump. Por eso EE. UU., primero bajo el presidente Trump y luego con más vigor bajo el presidente Biden se esfuerza en apoyar a los fiscales y jueces independientes. Y por eso también EE. UU. utiliza la Lista Engel para sancionar a determinados individuos, incluyendo a la fiscal general (Consuelo) Porras. Sin embargo, el gobierno de Guatemala, con el apoyo de varios partidos y de la élite empresarial, insiste en que estos asuntos le competen exclusivamente. Para los EE. UU. el peligro de la corrupción va más allá que el de acelerar la migración. Este incluye el uso actual en la región de la corrupción y la gobernanza autocrática o dictatorial para desmontar sistemas democráticos en América Central. La farsa electoral en Nicaragua en donde media docena de candidatos fueron y siguen detenidos, y las negociaciones entre el gobierno de El Salvador y las maras para evitar las extradiciones de algunos jefes mareros a EE. UU. son ilustrativas, y demuestran también que esto no es un asunto de la izquierda versus la derecha, sino de la democracia contra la autocracia, y de la transparencia contra la corrupción. Existe un peligro real de que Guatemala, Nicaragua y El Salvador vayan hacia una inestabilidad política, económica y social parecida a la de los años 60, 70, y 80 que causó tanta pérdida de vidas, y que de repetirse podría ser aprovechada por algunos países extra hemisféricos. La erosión de la democracia y el Estado de derecho también está potenciando a los narcotraficantes y al crimen organizado, que ya han ganado importantes espacios en la política y la vida económica de Guatemala. Para los EE. UU. esta inestabilidad sería un peligro serio; pero para los centroamericanos -y en este caso, los guatemaltecos, las consecuencias serían aún más desastrosas. Las críticas del presidente Giammattei hacia el gobierno de EE. UU. –de supuestamente violar la soberanía de Guatemala- me recuerdan las mismas críticas que el entonces presidente venezolano Hugo Chávez le hacía al entonces presidente Bush, cuando EE. UU. hacía algo que le incomodaba a Chávez en los temas de democracia y derechos humanos. En ambos casos, los presidentes han tenido problemas en convencer a una población bastante pronorteamericana de que EE. UU. es una amenaza a su soberanía. En los dos casos, las críticas, me parece, fueron usadas para distraer la atención de la ciudadanía de problemas reales. También en ambos casos, los mensajes se dirigieron hacia los aliados y seguidores de los gobernantes. En el caso del presidente Giammattei, parece que parte de su mensaje estaba, además dirigido a los republicanos en el Congreso de EE. UU., y otra parte -el ataque contra el llamado ‘indigenismo’- hacia los sectores y familias que temen que los ciudadanos de los pueblos indígenas tengan mayor incidencia en la dirección del Estado. En el caso de Chávez, sus acólitos (incluyendo los notorios ‘boliburgueses’) entendieron el mensaje como una luz verde para reprimir a la oposición, y quitarles los bienes a los ricos tradicionales para enriquecerse y construir alianzas con el narcotráfico. https://twitter.com/lahoragt/status/1545262748451340288?t=9gJe077nB8eWDAq271yfEA&s=08 Hay por supuesto algunas áreas en las que los dos gobiernos coinciden: ciertas investigaciones policiales, las extradiciones, la cooperación guatemalteca en recibir de regreso a algunas decenas de miles de ciudadanos deportados, y temas internacionales como Israel, Rusia, y la China. Pero hay una brecha enorme entre los dos gobiernos sobre las consecuencias peligrosísimas de la corrupción y de la concentración del poder en un círculo pequeño en Guatemala para los intereses de los pueblos tanto de Guatemala como de EE. UU. ¿Por qué los guatemaltecos y sectores del país como el productivo deben ponerle atención a esas reacciones y pronunciamientos contra EE. UU.? Deben hacerlo no por EE. UU., sino por interés proprio, porque esto refleja mucho de la continua desintegración del modelo político-económico-social pos-1985, y su reemplazo por un modelo autoritario, cleptocrático e ineficiente que en poco tiempo comenzará a evidenciar un profundo desgaste y llevar al país a una creciente inestabilidad y a un posible estallido social. El hecho de que haya tantos jueces, fiscales, periodistas, y activistas asilados o refugiados en los EE. UU. dice mucho de la regresión democrática en Guatemala. Las caídas continuas de casos judiciales contra personas acusadas de corrupción -acompañadas cínicamente por declaraciones que, cual O.J. Simpson van a identificar a los verdaderos corruptos (siempre fiscales, jueces y periodistas independientes, vaya casualidad), indican que queda poco de justicia independiente. Y como las revoluciones que devoran a sus propios hijos, no está claro qué partidos y candidatos estarán permitidos a participar en las elecciones del 2023, incluyendo a candidatas que habían apoyado al gobierno actual. En la conversación que el presidente Giammattei sostuvo en abril con representantes de la Heritage Foundation, ésta dijo que el presidente les había dicho que EE. UU. estaba conspirando con los indígenas para derrocarlo (lo que no es cierto), y que el gobierno estaba considerando expulsar a la misión de la Agencia de Desarrollo Internacional del gobierno de EE. UU. (la Cancillería luego dijo que había ciertos problemas de traducción en el artículo de la Heritage Foundation). Según la Heritage, el presidente también había descrito al supuesto ‘indigenismo’ como el adversario de Guatemala. Identificar a los miembros de los pueblos indígenas como una amenaza, sobre todo cuando las acusaciones son inventadas y con las experiencias del conflicto interno es irresponsable y solo puede aumentar el riesgo de violencia e inestabilidad, así como afectar la imagen de Guatemala en el exterior. La élite empresarial, espero, está meditando la situación en la cual se metió. Se equivocó profundamente al dejarse seducir por un proyecto que prometía deshacer la justicia independiente, y al sumarse a la supuesta defensa de la soberanía contra EE. UU. https://twitter.com/lahoragt/status/1549044167715696640?t=-gizAjCeo8egzKffr4Augg&s=08 Fue por el rechazo a que la justicia independiente investigara a algunos de sus miembros, y por el temor a que ciudadanos de otras clases sociales y etnias pudieran usar el Estado de derecho para defenderse y para reformar el sistema político-económico. Creo que esta posición va en contra de los propios intereses de largo plazo de la élite económica: los empresarios verán, me temo, que las consecuencias inmediatas serán una aceleración de la normalización de la corrupción y de los narcos, y que después los corruptos y los narcos, sin ninguna autoridad que los restrinja les quitarán sus propiedades y dinero. Muchas personas preguntan por las sanciones que EE. UU. pudiera implementar como respuesta a esta situación. Es un tema digno de reflexión, pero una pregunta más importante sería cómo van a responder los guatemaltecos ante esta situación. No es fácil responder -los espacios democráticos se van cerrando–, pero creo que el destino de Guatemala está en las manos de los ciudadanos guatemaltecos más que las de los norteamericanos. No obstante, la posición de EE. UU. de apoyar la democracia y el Estado de derecho. Así debe ser.