Mario David Aguilar Mijangos, quien recientemente fue destituido como agente fiscal del municipio de Uspantán, Quiché, presentó este miércoles 20 de julio una apelación ante la Junta Disciplinaria del Ministerio Público (MP) por la decisión de apartarlo del cargo; además, afirma que esta decisión es arbitraria y forma parte de una persecución política, por lo cual destaca que la justicia de la fiscal general Consuelo Porras es un experimento social. Aguilar Mijangos lleva diez años de carrera en el ente investigador. Sin embargo, el 15 de julio fue notificado de su destitución tras un proceso disciplinario. https://twitter.com/lahoragt/status/1549941063644749825 El MP sostiene que la destitución se dio con base en que Aguilar Mijangos reprobó dos veces la evaluación de desempeño, no obstante, él presentó una impugnación contra la postulación de Porras cuando buscaban un segundo periodo al cargo como jefa del MP. Asimismo, presentó un amparo contra la Comisión de Postulación al incluir a “algunos personajes que no deberían”. “Es una represalia y una persecución política en mi contra, porque al día siguiente de presentar la impugnación se presentaron en la Fiscalía en Santa Cruz del Quiché dos notificadores del despacho para informarme que tengo una denuncia”, puntualiza Aguilar Mijangos. Además, asegura que “hoy era el último día para presentar mi escrito de apelación para hacer valer mi derecho de defensa… La población tiene derecho a tener acceso a la justicia, pero no a una justicia como la de Porras, que es un experimento social, sino a una justicia pronta y cumplida”.

CARGA DE TRABAJO

Aguilar Mijangos explica que es inconsistente su destitución, ya que la misma Fiscal General creó la agencia en el municipio y se estableció que únicamente estaría a cargo un agente fiscal y dos auxiliares fiscales, lo cual no permite una cobertura a la población, pues afirma que son muchas comunidades las que se atienden y hay una alta carga de trabajo. https://twitter.com/lahoragt/status/1549924290811895810 Asimismo, resalta que en otras ocasiones había dado a conocer sobre la falta de personal y de la carga de trabajo en la Fiscalía, de lo cual no se tomó ninguna acción por parte de Porras. “Al momento de crear agencias con las deficiencias nos dejó atados de manos, no tenemos piloto para movilizarnos a las comunidades que están muy lejanas, además no tenemos ni combustible”, resalta. Aguilar Mijangos detalla que este tipo de precariedades se suma a la falta de intérpretes dentro de la fiscalía para atender a la población, lo cual no permite garantizar el acceso a justicia.

UNA CULTURA DE TERROR

“En Guatemala se vive la cultura del terror, como lo dijo en algún momento el Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien fue aplaudido por enviar a prisión a corruptos, pero ahora es señalado por los corruptos, pero el pueblo no reacciona, ni por los intereses que le corresponden, la soberanía radica en la población”, enfatiza.

DESTITUCIONES

Desde el pasado 30 de junio se conoció de al menos 14 remociones en el MP en diferentes fiscalías, posteriormente el 6 de julio fueron conocidas otras destituciones que hasta al momento suman 19 bajo la gestión de Porras.