Mario Alberto Carrera A lo largo de muchos años (más de 50 ya) de ejercicio de la profesión de periodista creo haberme perfilado como permanente defensor de la libre emisión del pensamiento por cualquiera de sus canales. He tratado, intentado y luchado porque ese derecho universal sea respetado y cultivado en mi país, para que pueda ser actuado y concretado por nuestros comunicadores –sin racionales limitaciones - y multidimensionalmente. Con mi propio trabajo modesto –pero constante- con mi franqueza y honestidad, mi denuncia sin ambages y mi crítica bien intencionada (pero eso sí jamás ultrajadora o calumniante) creo haber realizado –de alguna o de muchas maneras y en varias direcciones- el fomento de la libre emisión del pensamiento corriendo riesgos inenarrables hoy acaso olvidados. Nadie podría tacharme como corto de arrestos y arrojo ni como puritano o mojigato en mis denuncias (tal vez lo contrario). Pero ¡menos aún!, como cómplice de la corrupción ambiente, como sobornado ni como pluma de alquiler al servicio del Gobierno, del Estado o de las clases pudientes, delitos en los que muchos caen. He sido en muchas ocasiones la voz de los amordazados y de los desaparecidos, en tiempos en que nadie tenía los arrestos hormonales para serlo. Sin embargo, creo que entre la libre emisión del pensamiento y de Prensa su fomento, respeto y honrados frutos, y el libertinaje de la injuria o el insulto, la difamación o la libre imaginación, hay mucha distancia, hecho que hoy vemos multiplicado en las redes. Y esto también debemos aprenderlo los comunicadores sociales para poder desempeñar éticamente nuestra labor que debe ser ¡objetiva y verdadera! Y debe permitir –ante el error difamatorio- la aclaración, la rectificación, aun cuando el texto donde se exprese el error sea de opinión. Digo esto por una imputación que hice contra Prensa Libre hace años. Es conocida de toda la vida mi preocupación por la lengua y por la ética que usamos en periodismo. Creo que las dos deben ir íntimamente unidas. La lengua debe ser absolutamente concisa, precisa y exacta para que la comunicación periodística se ofrezca profesionalmente. Y si la lengua en periodismo es difamadora, calumniante o insultadora, el producto no puede ser ético ni, por lo tanto, confiable ni menos plausible. Tarde o temprano el lector dudará de él aunque se ría momentáneamente del chisme, del chiste o de las voces ordinarias que, de tanto repetirse, no producen hilaridad en su burda payasada. La lengua del periodismo escrito es distinta de la del periodismo radial o del televisivo, pero en cualquiera de los tres casos o canales ha de ser traductora, representativa y debe ser reflejo de los fueros de la libre emisión del pensamiento, cuyos hontanares huyen del ultraje, la injuria, el insulto, el agravio. Puesto que si el periodismo se acerca o se hunde en ello perderá lentamente su crédito sobre todo si la causa es la política. Periodismo y política no deberían ser nunca idealmente mezclados. Si el comunicador por vender su medio de información a la audiencia maneja y fomenta la injuria, irá con el tiempo aberrando precisamente la libre emisión del pensamiento, porque para su fomento pluridimensional, nadie –mediante ella- puede ni debe ser calumniado ni insultado. La Constitución y la ley son claras en esto, pues aunque diga que se defiende la libre emisión del pensamiento no dice que para ejercerla se permita el insulto. Al contrario. Tampoco es válido (ni la respectiva ley lo autoriza) el uso del “se dice”, “alguien nos contó” o “corre la especie de”. Quien utilice esos recursos de gaceta de barriada tarde o temprano caerá en su propia trampa. Y por otro lado estará faltando a la primera regla que se enseña en las escuelas de CC. de la Comunicación: “Toda información debe ser objetiva, comprobable y verificada”. Si no, mejor dedicarse a realizar panfletos y libelos que no Prensa.