Emilio Matta Saravia [email protected] Durante estas últimas semanas, ha habido varios acontecimientos que, aunque parecieran aislados, tienen en realidad un denominador común. El domingo pasado volvió a la escena pública el comediante Jimmy Morales, expresidente de pésimo recuerdo que se vendió como ni corrupto ni ladrón, pero resultó aún más corrupto y ladrón que sus predecesores. La principal “megaobra” de su gobierno, el Libramiento de Chimaltenango, no aguantó ni siquiera su primer invierno. La semana pasada, tan sólo unos días antes del retorno del bufón a la arena política para promocionarse como candidato a diputado (en flagrante campaña anticipada y con silencio cómplice del TSE), su “megaobra” sufrió su enésimo derrumbe. Su último acto público, que yo recuerde, fue escabullirse como rata, junto a su excompañero de fórmula, en los pasillos de un hotel capitalino para ser juramentado como diputado al Parlacen y poder gozar de 4 años de impunidad gracias a nuestros impuestos. Durante las últimas audiencias del Caso La Línea, el expresidente Pérez Molina y su excompañera de fórmula, Roxana Baldetti, han alegado su inocencia en dicho caso. Dicen que las pruebas presentadas en su contra son “circunstanciales” y que ellos no fueron parte de la organización de defraudación aduanera acusada en el caso de marras y que sus fortunas no se incrementaron durante el gobierno del Patriota (esa no se la creen ni ellos mismos). Que no los mencionan a ellos directamente, solo al 1 o dueño de la finca y a la 2 o a la doña. Encima, el expresidente reclama que las escuchas presentadas son ilegales porque él gozaba de impunidad… perdón, inmunidad, por su cargo. Resulta obvia la alineación de argumentos de los acusados en este caso. Durante la pandemia, se aprobó la “Ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el COVID-19” contenida en el Decreto 13-2020. Se suponía que dichos fondos, alrededor de 11 mil millones de quetzales, se utilizarían para entregar a la población y así mitigar la crisis económica derivada de la pandemia que nos tuvo encerrados por más de un año. La iniciativa 6120 “Ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los Fondos COVID” ya fue aprobada en primera lectura y en resumen busca que los fondos públicos que se entregaron durante la pandemia, vía el Crédito Hipotecario Nacional y otras instituciones financieras, sean fiscalizados por la SIB (Superintendencia de Bancos) y no por la CGC (Contraloría General de Cuentas), que es el ente indicado, por ley, para hacerlo. La excusa que dichos fondos se dieron por medio del Crédito Hipotecario Nacional, por lo que están resguardados por el “secreto bancario”. En realidad, lo que se busca es evitar que se pueda hacer público quiénes fueron los beneficiarios de dichos fondos y si ya se devolvieron o no. Dudo mucho que la CGC vaya a hacer cualquier fiscalización de los mismos, ya que sabemos que en dicha “institución” pondrán a un allegado muy próximo del Jefe de Jefes quien seguirá una agenda muy similar a la del MP, enterrar auditorías comprometedoras y candidatos incómodos (no entregando finiquitos). Los hechos anteriores tienen el mismo denominador común: el control total del aparato estatal y todas sus “instituciones” por parte del oficialismo. Todo, con miras a la reelección del presidente, y la continuidad del saqueo y latrocinio del erario guatemalteco.