Carlos Figueroa Ibarra La presentación el jueves 18 de agosto del presente año del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la detención al día siguiente del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, son acontecimientos que han cimbrado la vida política de México en las dos últimas semanas. Ambos acontecimientos están vinculados. El informe demuele la llamada “verdad histórica” sobre el crimen contra los cuarenta y tres jóvenes normalistas de Ayotzinapa y Murillo Karam es el principal arquitecto de la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual de manera incorrecta se conoce como “verdad histórica”. La llamada “verdad histórica” fue una falaz versión de los trágicos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 que pretendía encubrir a los principales responsables de este crimen, que hoy con justicia el Informe de la COVAJ califica como “crimen de Estado”. Rápidamente columnistas y medios de la derecha neoliberal han propalado dos argumentos: 1. La “verdad histórica” y el Informe de la COVAJ, son versiones “casi gemelas” de los acontecimientos. 2. La participación de funcionarios de Estado en la comisión del crimen, omisión de acciones y encubrimiento de los hechos, no necesariamente significa que se haya cometido un crimen de Estado. El Informe de la Comisión para la Verdad tiene diferencias sustanciales con la llamada “verdad histórica”. La “verdad histórica” se construyó en base a la tortura de 77 personas, las cuales dieron una versión de los hechos que era la que quería oficializar el gobierno. A diferencia del Informe de la COVAJ, la “verdad histórica” redujo al ámbito municipal (Iguala y municipios circundantes) la responsabilidad de los hechos, encubrió la participación de fuerzas policíacas del estado de Guerrero y la participación del Ejército y la Marina en el crimen de Estado. Hoy sabemos que oficiales y tropa del 27 Regimiento de Infantería de Iguala y la 35 zona Militar con sede en Chilpancingo, fueron elementos activos en la captura y desaparición de los estudiantes. No son pues, versiones “casi gemelas” del crimen. Más importante aún, para sustentar que el evento se trata de un crimen de Estado, es el planteamiento del Informe de la COVAJ, corroborado por las intervenciones de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos del gobierno, de que la “verdad histórica” se fraguó en Los Pinos, entonces residencia del Presidente Peña Nieto y sede principal de su gobierno. La desaparición y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, fue un crimen de Estado porque lo realizaron aparatos del Estado a nivel municipal, estadual y federal en alianza con el narcotráfico (el grupo Guerreros Unidos). También fue un crimen de Estado, porque la versión encubridora del infame acto fue fraguada desde los niveles más altos del Poder Ejecutivo. Como consecuencia de las conclusiones del Informe de la COVAJ se han girado 83 órdenes de aprehensión, entre ellas veinte dirigidas a oficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas. El general Alejandro Saavedra, comandante de la 35 zona militar y el entonces coronel (después general) José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Regimiento de Infantería, están siendo imputados del asesinato a sangre fría de seis de los normalistas, cuatro días después de su desaparición. Al estilo de las dictaduras de Guatemala, Chile y Argentina y de las demás dictaduras militares latinoamericanas. Hay pues diferencias esenciales entre la “verdad histórica” y el informe de la COVAJ. Estas diferencias serán más evidentes en las implicaciones que tendrá este último: ¿Ignoraban el presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de la Defensa general Salvador Cienfuegos lo que realmente sucedió en la noche de Iguala? ¿Fueron activos cómplices del encubrimiento de los hechos? Lo de Ayotzinapa apenas comienza.