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Sentencias de la Corte IDH ordenaron la implementación de una política para defensores de DD. HH.
El pasado jueves 13 de noviembre el Gobierno, a través de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), presentó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2030, luego de que sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ordenaran su implementación. Esto viene a […]
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El pasado jueves 13 de noviembre el Gobierno, a través de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), presentó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2030, luego de que sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ordenaran su implementación.
Esto viene a presentarse 11 años después de una sentencia internacional que declaraba al Estado de Guatemala como responsable de violación de derechos humanos, y entonces urgió por el principio de no repetición, según fue señalado en conferencia de prensa de este viernes 14 por el portavoz presidencial, Santiago Palomo, y luego detallado por el director de la Copadeh, Elvyn Díaz.
#AhoraLH | El director de COPADEH, Elvyn Díaz, se refiere a la política pública para la protección de defensores de derechos humanos, misma sancionada el pasado 13 de noviembre.
📹: Fabricio Alonzo/LH
✍️: Kenneth Jordan/LH pic.twitter.com/ZNdAglhzPk— Diario La Hora (@lahoragt) November 14, 2025
La sentencia del 28 de agosto de 2014, Caso defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala, como forma de reparación, ordenó implementar, en un plazo razonable, políticas públicas de carácter legislativo, institucional y judicial para la protección de las y los defensores de derechos humanos; plazo que de acuerdo a las autoridades, se ha cumplido más de diez años después.
Este caso tuvo un antecedente de dos años anteriores, el Caso Gudiel Álvarez y otros («Diario Militar») vs. Guatemala, del 20 de noviembre de 2012, que inició con una petición de varias familias, entre ellas Makrina Gudiel Álvarez, cuyo padre fue asesinado en 2005, Florentín Gudiel Ramos, un defensor de derechos humanos.
El director de la Copadeh fue enfático en que esta política fue realizada de la mano de la familia de Gudiel Ramos. En dicho sentencia de 2012 se habría dictaminado que el Estado de Guatemala fue responsable de violación de derechos a garantías judiciales.
De acuerdo con el director Díaz, el proceso se quedó estancado en el año 2018, «interrumpido en un contexto muy desfavorable».
De igual manera, en 2024, la Corte IDH emitió otra sentencia contra el Estado de Guatemala, en el Caso Pérez Lucas y otros vs. Guatemala, donde recordó la sentencia emitida en 2014 de implementar una política pública, así como fue traído a colación por Díaz en conferencia de prensa.
#AhoraLH | Elvyn Díaz, director ejecutivo de la COPADEH, brinda más detalles sobre el contexto para la presentación de la nueva política pública de protección de personas defensoras de derechos humanos.
📹✍️: Kenneth Jordan/LH pic.twitter.com/jA0mUrVJqY
— Diario La Hora (@lahoragt) November 13, 2025
Esta política de cinco años a futuro, cuenta con tres objetivos: crear mecanismos de prevención de riesgos y amenazas, implementar un módulo de atención y protección integral para promover a la coordinación interinstitucional con el sector justicia para garantizar el acceso a la justicia y reparación digna.
Para su construcción también se buscó el apoyo de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) y de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
