El Gobierno de Guatemala, derogó los acuerdos que establecían el seguro obligatorio para vehículos tras dos días de bloqueos en diversas partes del país.

La decisión, anunciada la noche del 19 de marzo, responde a la presión ejercida por sectores del transporte y otros grupos inconformes con la medida.

El seguro obligatorio, contemplado en los acuerdos gubernativos 46-2025, 47-2025, 48-2025 y 49-2025, había sido promovido como un mecanismo para garantizar cobertura en caso de accidentes de tránsito. Sin embargo, su implementación generó malestar entre transportistas y ciudadanos, quienes argumentaron falta de claridad y consulta previa.

Diálogo y acuerdos En un mensaje difundido en redes sociales, Arévalo señaló que el Gobierno alcanzó tres acuerdos con los sectores involucrados en las protestas:

1. Se conformará una mesa técnica para discutir la normativa que operativizará el artículo 29 de la Ley de Tránsito, con un plazo máximo de un año para su definición.
2. Se trabajará en una propuesta de iniciativa de ley general de transporte, considerando que la legislación vigente no responde a las necesidades actuales del sector.
3. Se derogarán los acuerdos relacionados con el seguro obligatorio hasta alcanzar un nuevo consenso.

La decisión busca restablecer la movilidad en el país y evitar nuevas protestas. El mandatario instruyó al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y al viceministro de Transporte para iniciar de inmediato el proceso.

Seguridad vial y crítica a opositores Arévalo enfatizó que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en Guatemala y que el país debe trabajar para reducir esta problemática. No obstante, también criticó a quienes, según él, se aprovecharon de la situación para desestabilizar al Gobierno.

"Para quienes no tendremos ninguna consideración es con los criminales que han aprovechado la legítima preocupación de los guatemaltecos para atentar contra el orden público, generando caos y afectando a miles de familias",

La derogación de los acuerdos pone fin a la crisis de bloqueos, pero abre la discusión sobre la necesidad de una regulación que garantice seguridad vial sin afectar la economía de transportistas y ciudadanos.