El pasado 18 de febrero, las calles capitalinas se convirtieron en un infierno por los bloqueos que efectuaron personas que protestaban por la puesta en marcha del reglamento de separación de desechos. Durante horas, la movilización de vehículos quedó paralizada por la obstrucción de los camiones recolectores de basura y miles de personas resultaron afectadas. No se trataba solo de una muestra de rechazo de los guajeros que se sentían afectados por esa medida, sino que detrás estaba la manipulación del alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, quien se resiste a aceptar esta normativa porque no le interesa resolver el mayúsculo problema del vertedero de la zona 3. Según la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, Quiñónez coordinó la paralización del tránsito con personas provenientes de mercados cantonales y otros alcaldes del área metropolitana. Por ejemplo, el jefe edil de Mixco, Neto Bran, difundió un video en el que llamó a la obstrucción del tránsito en ese municipio.

En agosto del 2021 se emitió el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes (acuerdo gubernativo 164-2021). Dos años después, cuando debía entrar en vigor, la Asociación Nacional de Municipalidades y un grupo de recolectores se opusieron y eso obligó a modificarlo, otorgando un período de gracia que venció el pasado 11 de febrero. De nueva cuenta, los mismos actores vuelven a rechazar la normativa, cuyo contenido ya había sido consensuado. ¿Cuál es el problema? La mayoría de municipalidades, entre ellas la metropolitana, no tienen interés en resolver el procesamiento de la basura, y la única manera de ocultar su negligencia es echándole la culpa al Ministerio de Ambiente, por supuesto, con intereses políticos de por medio. El Código Municipal establece, en su artículo 68, que son las administraciones ediles las responsables de la disposición final de los desechos sólidos, pero Quiñónez eso se lo pasa por el arco del triunfo.

Desde la década de 1950, el barranco de la zona 3 capitalina se convirtió en un vertedero, en el que se depositan sin ninguna previsión los desechos provenientes del área metropolitana y de municipios cercanos. El pomposamente llamado “relleno sanitario” no es precisamente eso, sino que es un foco de contaminación a cielo abierto que en época lluviosa inunda gran parte de la capital con olores nauseabundos y, cuando se incendia, el humo sofocante llega hasta los municipios vecinos. En los 39 años que tiene el arzuísmo de tener el control de la Municipalidad de Guatemala nunca se ha preocupado por resolver el acuciante problema de este vertedero, donde es rutinario que los camiones depositen los residuos, los cuales se acumulan y acumulan. La ausencia de programas de manejo de desechos causa que toneladas de estos sean arrastrados por el río Las Vacas, convertido en desagüe, luego pasen al río Motagua y terminen diseminados en las costas de Honduras. Quiñónez conoce esta lamentable situación, pero no mueve un solo dedo para resolverla.

La puesta en marcha del reglamento de separación de desechos es un paso importante para crear conciencia en la población sobre la necesidad de la clasificación de residuos. Es claro que esta normativa no está acompañada de programas para su procesamiento, lo cual requiere medidas serias para ello. Sin embargo, es importante la creación de conciencia entre los guatemaltecos acerca del manejo responsable de los residuos que se generan en los hogares. A diferencia de la indolencia de Quiñónez, varias administraciones ediles del país ya han comenzado con la gestión de los residuos y su clasificación. Municipios de Quiché, Zacapa, Chiquimula, Izabal y Chimaltenango dejan ver su compromiso con el manejo responsable de los desechos y marcan la diferencia entre la responsabilidad y la desidia.