“Somos la primera generación que siente los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto”, fue una frase elocuente durante una cumbre de economía ambiental del 2017, aunque los llamados a implementar acciones para reducir efectos del cambio climático vienen desde hace al menos cinco lustros. En nombre de muchos otros intereses se calificó de alarmista, exagerado o hasta conspiracionista el llamado a reducir emisiones causantes del aumento de temperatura del planeta. Desastres huracanados han dejado una huella cada vez mayor, sobre todo en países vulnerables como Guatemala.

Apenas esta semana se disipó la tormenta Cristina, que solo arrojó algunas precipitaciones en regiones del país, pero que causaron dañosas correntadas e inundaciones, como si fuera un preludio de lo que está por venir en esta incipiente temporada invernal. Y no se puede desear que no haya lluvias, porque de ello dependen los cultivos, la seguridad nutricional, miles de empleos. El problema es que el régimen pluvial es impredecible.

Aun así, es necesario que las autoridades de todo nivel tracen estrategias de prevención de desastres. Y no nos referimos a comprar insumos de emergencia, sino a rescatar los bosques y las cuencas, a ordenar los territorios para que no se construya en zonas de riesgo, a reforzar las normas contra el incorrecto manejo de desechos sólidos y aguas residuales. Sí, sabemos que a muchos ediles poco les importa la conservación ambiental, prefieren regalar verduras, inaugurar banquetas o pasearse en caballo en las ferias.

Vecinos de varias playas del país padecieron, además de correntadas de basura, el intenso oleaje desatado por la citada tormenta devenida en depresión tropical. Se perdieron viviendas y las zonas turísticas quedaron minadas con desperdicios: un grave daño a los destinos turísticos, pero también al entorno cotidiano. Aun así, no se ha escuchado una sola voz del Gobierno Central o de las asociaciones municipales para denunciar el descontrol de la basura, para convocar a una campaña de limpieza, para proponer una política ambiental coherente, ya sea municipal, regional o departamental.

El 5 de junio último transcurrió, con casi total intrascendencia, el Día del Medioambiente, creado en 1972 para tratar de generar más conciencia sobre la “casa común”, como la llamaba el papa Francisco. Las agresiones contra el entorno están por doquier y con múltiples justificaciones anodinas. Por ejemplo, con el pretexto de impulsar el ecoturismo, existe un total descontrol sobre las construcciones antojadizas hechas en las faldas del volcán Acatenango, un destino natural espectacular, cuyos senderos están marcados por la basura de todo tipo.

El lago de Atitlán, maravilla mundial única, elogiada, invaluable, de la cual dependen cientos de miles de empleos, sigue recibiendo los drenajes de municipios y negocios, sin que nadie intervenga. Y la contaminación no solo es sólida, también es auditiva: acérquese usted a lagunas bellísimas como las de Ayarza o Güija, y encontrará altavoces a todo volumen en una carrera de ruido. Es necesario y urgente que las autoridades ediles, tan prestas a reclamar autonomía, se responsabilicen del “medio” ambiente que queda en sus localidades.