Durante la mañana del pasado domingo 10 de agosto, dos familias radicadas en el estado de Luisiana presentaron una demanda federal contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por haber deportado ilegalmente a un niño estadounidense de 4 años diagnosticado con cáncer de riñón en etapa 4.

De acuerdo con la demanda federal, el ICE interrumpió el tratamiento del menor para deportarlo con su familia a Honduras, a pesar de que el niño es ciudadano estadounidense. “Romeo recibía un tratamiento que le salvó la vida en un hospital infantil de Nueva Orleans, pero la detención interrumpió este proceso”, aseguró la familia.

Tras la deportación del menor, junto con su hermana y su madre, originarias de Honduras, la progenitora tuvo que enviarlo en reiteradas ocasiones a EE. UU. con un acompañante de viaje para que continuara su tratamiento, por lo que pagó boletos de avión que, según afirma, no puede costear debido a su situación económica actual.

Ante esta situación, los demandantes solicitan que el tribunal declare que el ICE “arrestó, detuvo y deportó erróneamente a un ciudadano estadounidense”, en violación de sus derechos constitucionales, ya que en la denuncia se explica que la madre del menor sostuvo que quería que su hijo permaneciera en EE. UU. a causa de la enfermedad.

Defensa del ICE sobre el caso del menor con cáncer

En la demanda federal se relata que a la madre del menor con cáncer se le negó el acceso a un abogado, se le prohibió hacer los arreglos de custodia y, por ende, no pudo evitar la deportación de su hijo. Además, según el periódico estadounidense The New Herald, ambos fueron deportados aproximadamente 22 horas después de su arresto.

Dadas las circunstancias, la salud del niño presuntamente ha empeorado desde que el cáncer se extendió a sus pulmones, por lo que ha estado viajando de ida y vuelta entre Honduras y EE. UU. para sus citas médicas. Sin embargo, el abogado de la familia asegura que el menor fue privado de una continuidad necesaria en su tratamiento.

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Aparte, la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Tricia McLaughlin, aseguró públicamente que la información de la demanda federal es “falsa y errónea”, ya que, de acuerdo con el ICE, la madre del menor con cáncer fue quien decidió que su hijo fuera expulsado con ella.

“En lugar de separar a las familias, el ICE les pregunta a las madres si quieren ser deportadas con sus hijos o si prefieren que el Departamento de Seguridad Nacional los coloque con alguien seguro. En este caso, la madre decidió llevarse a su hijo de regreso a Honduras”, declaró McLaughlin en una conferencia de prensa en Nueva Orleans.

En la actualidad, los demandantes en Luisiana solicitan un juicio con jurado, un mandato cautelar que obligue al regreso de la familia a Estados Unidos y que se determine la responsabilidad de los funcionarios del ICE, incluidos los directores de las oficinas de campo, los jefes de agencias interinas, el secretario de seguridad y el fiscal general.

Asimismo, los defensores legales y los grupos de derechos civiles, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), condenaron la medida como una “violación constitucional atroz“, especialmente dada la vulnerabilidad médica del afectado, quien también es un ciudadano estadounidense deportado.