La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un amparo promovido por el Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN), contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por haber rechazado un recurso de casación dentro del caso denominado Asalto al Ministerio de Salud.

El caso involucraba a Sarahí Villavicencio, hija del fallecido exministro de Salud, Jorge Villavicencio, al exdiputado Roberto Kestler y Delio Edvin García, quienes fueron sobreseídos por delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.

El recurso fue interpuesto por la PGN luego de que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones no acogiera la apelación contra dicho sobreseimiento.

Según el fallo de la CC, el tribunal consideró que el recurso de casación contenía varios errores; además, argumentó que, al no haberse celebrado un juicio oral, no existía una sentencia firme que permitiera el análisis de fondo.

La CC concluyó que no hubo violación a los derechos de defensa ni a la tutela judicial efectiva del Estado, como alegaba la PGN.

El caso Asalto al Ministerio de Salud fue dado a conocer por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en julio de 2019 como una investigación de una supuesta estructura criminal que operó dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) entre los años 2012 y 2014.

Se señala que esta red habría manejado adjudicaciones y contrataciones de hospitales y centros de salud, influencias para nombramientos, plazas fantasma y cobros de comisiones ilícitas a empresas beneficiadas.

Ejemplos concretos: para la construcción del hospital de Ixcán, Quiché, se menciona un monto de Q79 millones como parte de la investigación.

Entre los involucrados están exdiputados, exfuncionarios del MSPAS, miembros de juntas licitadoras, familiares de exministros, entre otros.

En mayo de 2025, se ligaron a proceso a cuatro personas por los delitos de fraude y asociación ilícita vinculados a una empresa beneficiada en la construcción del hospital de Rabinal, Baja Verapaz (obra que no se concluyó).

A pesar de la magnitud inicial de la investigación —con más de 100 personas implicadas—, varias resoluciones han dejado fuera a algunos de los señalados por falta de mérito.

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