Tenía 19 años y era fabulosa, según dice Jorge Velásquez, su padre. Estudiaba el cuarto semestre de Derecho en la Universidad de San Carlos. La mañana del 12 de agosto de 2005 salió de su casa temprano, como todos los días, y nunca más volvió. El 13 la encontraron muerta, con indicios de haber sido brutalmente agredida, ultrajada y ejecutada, en un terreno baldío de la ciudad capital de Guatemala.

¿Por qué una familia sigue buscando justicia para su hija, 20 años después de su asesinato, en un país que normaliza la violencia contra las mujeres y la impunidad en casi cualquier caso judicial? “Se lo debo a mi hija”, dice el padre en una entrevista. “En una audiencia que tuvimos para que el caso fuera elevado a un juzgado, un defensor público trató a mi hija prácticamente de ‘perra’. Imagínese, eso es lo que se piensa de las mujeres, que son perras, que merecen que las maten. No, Claudina Isabel no era una perra, era una hija fabulosa, como muchas mujeres. Era una mujer que nació del amor, como muchas mujeres. (…) No puedo permitir que a Claudina se le trate así”.

Él recuerda cómo se inició la violencia de las instancias del Estado hacia su familia desde que se levantaron las pruebas, en el lugar de los hechos: “Las autoridades catalogan a las víctimas como merecedoras de su propia muerte”. Por eso, han seguido el caso para que no quede impune, pero en todo el proceso hay “mucho dolor y se encuentra uno contra una pared a la que nada conmueve (…). Muchas familias salimos muy dañadas del paso por el sistema de justicia”.

Hay un sistema que revictimiza a las sobrevivientes de violencia sexual o a las familias de las víctimas, hasta el agotamiento. La víctima de una violación es víctima la primera vez, cuando es ultrajada; luego, llega una segunda victimización cuando ella o la familia denuncian y los policías les dicen que “a saber qué hizo ella para merecer eso”. Después, toca el examen médico forense, a veces realizado sin la menor sensibilidad; tercera victimización. Luego, enfrentan las preguntas de mucha gente que, más por curiosidad que por verdadero interés, querrá saber la parte más sucia de la historia. Cuarta victimización. Paralelamente, el proceso judicial pedirá ofrecer el testimonio más de una vez. Quinta victimización. Y, si es una historia para los medios, terminará siendo espectáculo amarillista en algunos de ellos. Sexta victimización. Si el caso queda impune, será la revictimización mayor y durará una vida.

Habría que hacer de cada caso un asunto de justicia y poner el dedo en la persona que ha cometido el crimen, no en la víctima. Nuestro sistema de justicia, con el 98% de impunidad en este tipo de casos, funciona para beneficiar a quien comete el crimen y no para dignificar a la víctima. Un andamiaje perfecto para la impunidad. La familia de Isabel Claudina, como tantas más, se topó, desde el primer día, con un sistema de “justicia” que desapareció registros, cambió datos, dio informaciones contradictorias, obstaculizó procesos y favoreció la impunidad. Dice el padre que su hija estaría viva, si la Policía no hubiera tomado la decisión de buscarla 24 horas más tarde.

A pesar de todo, su caso, junto con el de otra joven, María Isabel Véliz Franco, asesinada en 2001, inspiró en Guatemala la creación de la Alerta Isabel-Claudina, un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Al agotar las instancias nacionales de justicia, la familia de Isabel Claudina llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado guatemalteco por violar los derechos de Claudina y su familia. Finalmente, en julio de 2025, dos personas fueron vinculadas a proceso penal por su presunta participación en el asesinato de la joven: Juan Francisco Ortiz Zepeda y María Teresa Gudiel. Mientras esperamos los resultados de este proceso, siempre cabe la pregunta: ¿la justicia tardía, es justicia?