Kovay Gardens: cómo un complejo turístico de México era usado por el CJNG para efectuar fraudes, según EE. UU.
EE. UU. afirmó que un consorcio hotelero en México y ubicado en Puerto Vallarta habría tenido vínculos con el CJNG.
Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés), anunció sanciones contra Kovay Gardens, un complejo turístico de México, junto con otras 17 empresas que estarían vinculadas con esquemas de fraude de tiempo compartido organizados por el cartel Jalisco Nueva Generación.
Según un comunicado oficial de las autoridades estadounidenses, muchas de las entidades sancionadas tienen sus sedes en Puerto Vallarta, y el CJNG habría “generado importantes ingresos a expensas de las víctimas y ciudadanos estadounidenses“.
“Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias“, afirmó en el comunicado Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Dentro de las sanciones se incluye la congelación de activos en Estados Unidos, además de la prohibición de efectuar transacciones financieras con las personas y entidades involucradas.
Además, EE. UU. advirtió que cualquier persona o entidad que facilite operaciones con los sancionados podría enfrentar acciones legales.
De acuerdo con EE. UU., las empresas vinculadas habrían formado parte de una red que ofrecía a ciudadanos estadounidenses paquetes de tiempo compartido.
Estos paquetes, según la Ofac, prometían beneficios “inexistentes”, además de causar pérdidas millonarias.
El Departamento del Tesoro afirmó que varias de las víctimas eran jubilados.
Los carteles narcotraficantes suelen tener actividades paralelas para lavar su dinero o como fuentes de ingreso alternas, como el tráfico de migrantes.
Las víctimas invertían en propiedades turísticas de tiempo compartido que, en realidad, eran fraudes. Incluso volvían a ser contactadas por organizaciones de “defensa del consumidor”, también falsas, con la promesa de defender sus derechos ante la justicia mexicana.
Agencias como el FBI iniciaron investigaciones a partir del 2023, y unas seis mil víctimas reportaron estafas que ascendían a unos US$300 millones.