El domingo 26 de octubre, a las 8 p. m., encendí la televisión para ver la cadena nacional anunciada por el Gobierno de Guatemala. Con tanto tema del momento —prófugos de Fraijanes 2, salida del ministro de Gobernación, robo de armamento en base aérea de Petén, hallazgo de Contraloría sobre compras del Ministerio de Salud vía Unops, derrumbe en km 24 CA1 a El Salvador, carreteras en terrible estado, maras por aquí y maras por allá, etc.—, esperaba un informe a la Nación del gobernante presentando los problemas con las soluciones. Pero mi sorpresa fue ver una especie de retroceso en el tiempo al Octubre Negro 2023, donde con las excusas de que el Ministerio Público (MP) y otros actores no dejarían que tomaran posesión el 14 de enero de 2024. Ahora dijeron que por la orden de un juez y por algunas acciones del MP estaban en riesgo el proceso democrático y la democracia, por lo que pedían el apoyo de la comunidad internacional, principalmente la OEA, la ONU y la Unión Europea.

Francamente, qué vergüenza que a estas alturas del tiempo gobernando (21 meses y 12 días) el presidente acompañado de la vicepresidente, secretarios y ministros, y diputados independientes del anulado partido de gobierno (Semilla) salgan con ese mensaje. El resultado fue que muchos se han burlado de la victimización. Afortunadamente para el Gobierno, el miércoles 29, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la orden del juez Fredy Orellana y dijo con claridad que no hay ningún riesgo en la alteración del orden constitucional del país. Desde el miércoles me quedé esperando otro mensaje a la Nación donde agradeciera a la CC por la sentencia y donde presentara a la ciudadanía la situación real de país y las soluciones, y eso con algún plan de acción con cronograma. Toca al presidente Arévalo pasar a su gobierno de la victimización a la gestión eficiente. De lo contrario, el bien recordado será solo su padre.

Si el gobierno hiciera una encuesta, se daría cuenta de lo poco popular que es y la falta de credibilidad que tiene. Ante esa situación y por su oferta electoral de limpiar al país de corrupción, de sus ataques al inventado calificativo de “pacto de corruptos” (cuya autoría se le debe al último comisionado de la extinta Cicig contra todos los contrarios a él), y de su promesa de desarrollar el país con los presupuestos 2024 y 2025, y posiblemente 2026, ya es momento de que se aborde la gestión con verdadero liderazgo, con gente calificada, con gestión pública acertada y entregables documentados a los ciudadanos. Lo primero que debe revisar es su equipo de trabajo y donde la evaluación de desempeño no de positivo debe de hacer cambios. Lo segundo que debe hacer es atender a quienes mejor saben de cada tema fuera de Gobierno para tener un contrapeso en sus decisiones.

La oposición a esos enormes presupuestos desfinanciados viene principalmente de economistas experimentados, del sector empresarial y dentro de la misma Junta Monetaria donde participa el estructurador del presupuesto. Es muy serio lo del Presupuesto y más serio aun que dos años seguidos pidan por pedir y no ejecutarlo porque no pueden. Ya el Congreso le pasó factura con el decreto 7-2025.

Mañana debe elegirse la Junta Directiva del Congreso 2026, que seguramente será de oposición al gobierno. Esa Junta Directiva llevará sobre sus hombros varias de las bases de elecciones de 2026. Necesitamos fortalecer las instituciones. El TSE debe recuperar su estatus y despolitizarse, la CC no puede volver a manejos como la del tiempo de la extinta Cicig, fiscal general debe ser de tal nivel que logre manejar su independencia, el contralor general de Cuentas debe ser el mejor auditor, administrador y notable que pueda tener el país en un solo paquete, y Arévalo debe retomar el rumbo y velar por la unidad nacional.