“La Balanza” es una herramienta digital que Diálogos lanzó el pasado miércoles 25 de enero, con la cual se busca mostrar a los guatemaltecos cuál es el estado del sistema de justicia en la actualidad.

Además, se pretende que este sitio electrónico sirva para la consulta pública, con lo cual se trata de promover el acceso a información y análisis de datos reales.

María del Carmen Peláez, integrante de Diálogos, explicó que esta herramienta “aporta evidencia e insumos para entender cómo estamos en el sector justicia. Promueve el acceso y análisis de datos sobre el sistema de justicia guatemalteco”, precisó.

LA FUENTE DE INFORMACIÓN

Para alimentar esta herramienta se tomó como fuente primaria la información del Sistema Integrado de Justicia (SIJ), una base de datos generada por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en colaboración con el Ministerio Público (MP).

“La Balanza” cuenta con registros detallados de procesos penales y denuncias de 2008 a 2018. “Para actualizar esta fuente con datos al año en curso, mejorar los análisis y los resultados obtenidos en términos de precisión e incidencia, se realizaron más de 20 solicitudes de acceso a la información pública”, se detalló.

QUÉ SE ENCUENTRA EN “LA BALANZA”

En el sitio web labalanza.gt se encuentran seis categorías: acceso, privación de libertad, tiempos, salidas procesales, impunidad y gasto público.

Acceso es una sección que se encarga de la medición de distintas variables y aspectos que determinan la cercanía y accesibilidad de la justicia a la población.

En Privación de libertad se cuantifica el tiempo en días que cumple una persona vinculada a un proceso penal en prisión provisional o en prisión preventiva.

La sección de Tiempos mide la duración de la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio y del proceso penal en general.

Salidas procesales sirve para medir los resultados que se obtienen al procesar las denuncias y casos que ingresan al sistema de justicia.

En la parte que se llama Impunidad se establece el porcentaje de casos en los cuales se registra la inexistencia de responsabilidad penal ante la comisión de un delito.

Mientras que en Gasto público se mide la inversión en la justicia, a través del presupuesto asignado, ejecutado y vigente al Ministerio Público (MP), Organismo Judicial (OJ) e Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).