Uno de los primeros actos de Bernardo Arévalo como presidente fue celebrar un “acuerdo agrario” con diversas organizaciones campesinas, el cual buscaba atender los conflictos de tierra en el país y así evitar la grave violencia que suele acompañar los desalojos forzosos.

El compromiso se presentaba como un paso positivo. Durante décadas, los movimientos de derechos humanos han exigido la resolución de los conflictos agrarios y el fin de los desalojos violentos, en los que la policía expulsa a comunidades con brutalidad: quemando viviendas, destruyendo cultivos y disparando contra quienes intentan resistirse. Esas familias quedan a la deriva, sin hogar ni sustento. Pensé que, por fin, tendríamos un gobierno que no perpetuaría estas prácticas casi terroristas. Me equivoqué.

Los desalojos violentos continuaron en 2024. El caso de la comunidad de Buena Vista fue quizás el más emblemático de que el “acuerdo agrario” fue más simbólico que real. En mayo de ese año, cerca de 500 agentes policiales, junto a “cuadrilleros” y personal de seguridad privada, desalojaron a 48 familias Q’eqchi’. Arrasaron con sus casas y sembradíos. Las familias, apenas con lo poco que lograron rescatar, salieron en la noche a buscar refugio. Como dijo una de las mujeres afectadas: “Queremos que el presidente sepa que estamos refugiados debajo de los árboles”. La respuesta oficial de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos fue: “no está en nuestras manos”.

La Coprecon

En 2025, la PNC ha seguido movilizando cientos de agentes para expulsar a decenas de familias indígenas en distintos puntos del país o para “dispersar” manifestaciones incómodas. Este año, el caso más conocido ha sido el del periodista comunitario Raymundo Amador, quien grabó el momento en que un agente policial disparó un proyectil de gas lacrimógeno directamente a la frente de su hijo. Cuando cayó inconsciente, el mismo agente volvió a golpearlo en la nuca. Aunque el Ministro de Gobernación anunció en redes sociales que había ordenado una investigación, hasta la fecha no hay información sobre si esta siquiera existe.

En junio pasado, el presidente creó la Comisión Presidencial para la Prevención y Manejo de la Conflictividad (Coprecon), encargada de abordar los conflictos agrarios y cumplir con el acuerdo agrario —incluido el compromiso de detener los desalojos violentos. Ha pasado más de un mes, y la Comisión sigue sin estar integrada ni operar. De hecho, la agresión contra el hijo del periodista ocurrió después de que Coprecon fuera oficialmente creada.

No me tomen por ingenuo. Es evidente que resolver un problema tan complejo como los conflictos agrarios no es posible en un año y medio de gobierno, y mucho menos sin el respaldo del Congreso ni las Cortes. No espero que Arévalo haga milagros. Pero tampoco creo que siga siendo válido que el Ejecutivo use la excusa de siempre: escudarse en que todo es culpa del MP, de las Cortes o que “no está en sus manos” y que “solo cumple la ley”.

Es cierto: los desalojos los ordenan los tribunales. Pero la forma en que se ejecutan es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Gobernación. Nadie le ordena a la policía golpear manifestantes, incendiar viviendas, permitir abusos por parte de guardias privados o abandonar familias enteras en la calle. Al contrario: existen protocolos policiales, sentencias de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como decenas de estándares internacionales que prohíben expresamente ese tipo de acciones.

El presidente se enorgullece de respetar la ley y los derechos humanos, al punto de rechazar su mandato popular de confrontar al MP bajo el argumento de que eso sería “ilegal”. Y sin embargo, guarda silencio y permite que las fuerzas del Estado, –de las cuales es la autoridad suprema– actúen en abierta violación de la ley y de los derechos que él afirma defender.