El Instituto de Previsión Militar (IPM) promueve ante el Congreso un anteproyecto de ley para la aprobación de un aporte extraordinario de Q265 millones anuales durante los próximos 20 años y una asignación adicional, ajustable, de Q160 millones por año.

Con los fondos se espera nivelar los ingresos de un sistema de pensiones y beneficios para militares en activo y jubilados, así como sus beneficiarios. El programa está desfinanciado por falta de cumplimiento del aporte estatal, porque la cantidad de beneficiarios casi iguala al total de beneficiarios, así como la baja rentabilidad de proyectos que generan ingresos propios.

En ese contexto, la propuesta del IPM también contempla aumentar los montos de las pensiones mensuales para tres grupos de beneficiarios: equiparar con el salario mínimo las pensiones para 5 mil 221 afiliados que reciben de Q500 a menos del salario. También se propone que, las pensiones mayores al salario mínimo, pero menores de Q6 mil, lleguen hasta ese monto. Y quienes reciben más de Q6 mil que tengan un incremento proporcional para llegar a Q7 mil mensuales.

La crisis financiera actual del IPM resulta de décadas de decisiones financieras cuestionables que, lejos de fortalecer al Instituto, lo llevaron a una situación cada vez más insostenible.

Las raíces del problema no son recientes y, según antecedentes documentados, comenzaron a profundizarse hace más de dos décadas.

Entre los principales factores que deterioraron la situación del IPM figuran inversiones de alto riesgo —varias de ellas con pérdidas—, una gestión deficiente en empresas privadas creadas con fondos del propio Instituto, y señalamientos constantes por compadrazgo, nepotismo y presunta corrupción institucional.

Solicitud basada en estudios

Las autoridades del IPM insisten en que ambos aportes solicitados son indispensables para garantizar la sostenibilidad financiera del régimen de previsión y del sistema de pensiones, los cuales —según sostienen— se basan en estudios actuariales, es decir, evaluaciones de riesgo financiero en pensiones y otros factores, que proyectan el comportamiento del sistema a largo plazo.

Dichos estudios revelan, agregó IPM, un “riesgo inminente”.

El anteproyecto, que incluye ambas solicitudes financieras, se presentó al Congreso de la República el 20 de junio del 2025 por la Comisión de Defensa Nacional, que preside el diputado Jairo Orellana. Actualmente, está pendiente de que se remita a la Dirección Legislativa para que inicie su trámite.

Crisis de larga data

El capitán Mario Baeza, gerente del Instituto de Previsión Militar, expuso que la crisis se agravó por decisiones históricas y atrasos en pagos del Estado.

“En cuanto al primer eje, los Q265 millones anuales por 20 años, sí, es una cifra alta, pero tiene fundamento. A partir de los acuerdos de desmovilización militar en el 2004, el sistema de reparto simple con el que funciona el IPM se vio afectado. Actualmente tenemos una relación de cotizantes y jubilados de uno a uno, y así no funciona un sistema previsional. Por eso, esta cantidad permitiría pagar jubilaciones y sostener el sistema a largo plazo”, explicó Baeza.

“Si se calcula que pagamos Q26 millones mensuales en jubilaciones, multiplicado por 12 meses da una cifra anual menor a esos Q265 millones. Además, si se analiza el valor presente del dinero frente al valor futuro dentro de 20 años, esta cantidad no resulta tan grande. Y es importante decir que estos Q265 millones no surgen de una matemática arbitraria, sino de un cálculo actuarial con base técnica y justificada”, agregó.

El gerente hizo ver que el monto solicitado podría variar si el financiamiento se prolonga. Por ejemplo, en lugar de los Q265 millones anuales durante 20 años, el aporte podría reducirse a Q180 millones al año si se extendiera el plazo a más de 30 años.

El aporte de los Q160 millones anuales, según el artículo 3 del anteproyecto de Ley establece una asignación que tiene el objetivo de nivelar las pensiones.

Esta asignación por Q160 millones deberá cubrirse con recursos exclusivamente del Estado “con el objetivo de compensar la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación y contribuir a la dignificación de los ingresos de los beneficiarios”, detalla la iniciativa.

Según Baeza, el IPM ha sido afectado por decisiones políticas ajenas a su administración, como la desmovilización militar del 2004, que provocó el retiro anticipado de casi 3 mil afiliados, y el incumplimiento del aporte ordinario del Estado.

El gerente afirmó que el Estado ha incumplido con un aporte establecido por ley, acumulando una deuda de Q480 millones entre 1992 y el 2024. A raíz de ello, desde hace varios años, el IPM ha recurrido al uso de su reserva institucional para cumplir con el pago de pensiones.

“La reserva comenzó a usarse desde el 2004. Consciente de las necesidades de nuestros jubilados, se optó por cubrir esos pagos con los fondos de reserva. Pero esta se fue agotando. Hoy tenemos un déficit presupuestario del 9%”, precisó. Ese déficit equivale actualmente a Q384.6 millones.

Opciones para el equilibrio al programa previsional

El IPM se financia mediante tres fuentes principales: los aportes mensuales de aproximadamente 8 mil 300 integrantes activos del Ejército, las inversiones propias del Instituto y asignaciones del Estado.

En algunas ocasiones ha recibido aportes extraordinarios, como los Q900 millones entregados en el 2023 durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, según Baeza, incluso con ese tipo de aportes, el saldo pendiente que el Estado debía cubrir continúa en déficit.

Baeza afirmó que una vía para equilibrar el sistema es aumentar la base de cotizantes, lo cual está directamente vinculado con el crecimiento del Ejército. “Mientras no aumentemos nuestra tasa de cotizantes, la recuperación es difícil”, indicó.

También se ha extendido el tiempo de servicio para seguir cotizando. “Los oficiales ahora se retiran a los 36 años y los especialistas a los 35”, aunque aumentar el aporte estatal sería otra opción.

Preocupa falta de sostenibilidad

La investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Verónica Spross, explicó que el problema del sistema de pensiones en Guatemala es estructural, ya que existen diversos regímenes con situaciones distintas.

En este caso, señaló que “es preocupante que el IPM no sea sostenible y requiera aportes fiscales, los cuales representan un alto costo de oportunidad”.

“Los fondos que el IPM solicita podrían destinarse, por ejemplo, a proveer tecnología e internet a estudiantes de nivel diversificado, junto con un programa de enseñanza del idioma inglés. No se ve viable ajustar las pensiones si los fondos acumulados son insuficientes. Lo mismo ocurre con el régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado”, agregó.

Respecto de las solicitudes financieras al Estado, Spross considera que no son procedentes: “No es conveniente una inyección de fondos durante 20 años. Es momento de pensar en un nuevo sistema, basado en cuentas individuales, que alinee correctamente los incentivos, ya que las pensiones deben estar relacionadas con el esfuerzo de ahorro personal”.

Sobre los señalamientos

Consultado sobre señalamientos de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Baeza informó que la denuncia presentada por esa entidad en enero del 2024 fue desestimada dos veces por el Ministerio Público, incluso después de la oposición de la propia entidad denunciante.

“Eso para nosotros es motivo de satisfacción. Esa denuncia fue desestimada dos veces por el Ministerio Público. Nosotros siempre trabajamos con un enfoque de transparencia y calidad del gasto público”, dijo.

Al consultar con el MP, el departamento de Comunicación informó que no localizaron denuncias por hechos relacionados con el IPM.

Reconoció que, pese al historial de malos manejos de recursos propios, las solicitudes financieras actuales se justifican en que el IPM ha utilizado su reserva desde el 2004 para cubrir déficits, y que el objetivo del nuevo financiamiento es precisamente evitar seguir recurriendo a ella. “Nuestra intención es ya no tocar la reserva; si se fortalece, aumentan nuestros ingresos propios”, insistió.

Agregó que arrendan terrenos a empresas privadas para desarrollar proyectos que no requieren inversión directa del IPM. “Ya no tenemos dinero para invertir, pero sí activos que generan ingresos a largo plazo”, comentó.

Baeza aseguró que el IPM mantiene mecanismos internos y externos de control:

• Auditoría interna reforzada
• Contratación anual de una auditoría externa independiente
• Informes regulares a afiliados activos y jubilados
• Publicación de información de oficio en su sitio web

“Damos cuentas al Estado, como lo exige la ley, pero también a nuestros afiliados, que aportan el 12% de su salario. Por eso tenemos que ser responsables. Toda la información está disponible en nuestra página. Estamos comprometidos con la transparencia”, afirmó.

El cabildeo en el Congreso

En el Congreso, el proyecto de ley podría conocerse en el segundo período ordinario de sesiones, durante el cual se debe conocer el presupuesto para el 2025 y otras peticiones, como la de fondos para los expatrulleros de Autodefensa Civil.

El diputado Luis Aguirre, del partido Cabal, afirmó que la solicitud del IPM difícilmente avanzará con rapidez en el Congreso, para una eventual aprobación.

“No creo que pueda prosperar pronto; es un tema complejo. Todos reconocemos que es necesario atenderlo, pero también estamos conscientes —como diputados— de que la crisis en el IPM es resultado de decisiones equivocadas tomadas por administraciones anteriores”, dijo.

Además, descartó que, por ahora, la propuesta se utilice como eventual tema en negociaciones con el Ejecutivo.

“Hay que reconocer que muchos de los jubilados tienen pensiones paupérrimas”, expresó el diputado José Chic, subjefe del bloque VOS.

Señaló que también se deben revisar los recursos que se han asignado al IPM y la sostenibilidad del programa. “Hay que recordar que el Estado ya concedió alrededor de Q900 millones y los ingresos que puede obtener por arrendamientos de inmuebles”, apuntó.

Es necesaria una evaluación, porque se puede convertir en una moneda de cambio, entre todas las propuestas que están llegando al Congreso para darle dinero a diversos sectores, concluyó Chic.

Denuncias

• Denuncia del IPM (2003): Acusó a su Junta Directiva y representantes de PFA en Guatemala por fraude y abuso de autoridad, tras invertir US$36.8 millones en PFA, Lehman Brothers y Merrill Lynch. El MP desestimó el caso en junio de 2024, pero el IPM se opuso y espera audiencia.
• Demanda del IPM en EE. UU. (2001/2002): Acción legal contra PFA, Lehman Brothers y Merrill Lynch. En 2009 obtuvo sentencia favorable contra Luis M. Cornide. Hay US$11 millones aún pendientes de recuperar. La sentencia está vigente hasta julio de 2029.
• Denuncia de la CGC (2024): La Contraloría señaló a las autoridades del IPM por no gestionar la recuperación de inversiones al 31 de enero de 2023. Sin embargo, fue desestimada por el juzgado y la oposición de la CGC no prosperó. El caso se cerró.

Línea de tiempo de hallazgos en el IPM

• Década de 1980 – Se crea una red de empresas privadas financiadas con fondos del IPM, en sectores como hotelería, farmacia, seguros y logística, manejadas por militares en activo o retiro. No había suficiente transparencia ni rendición de cuentas.
• Década de 1990 – El Banco del Ejército, vinculado al IPM, presenta una cartera con hasta 97% de morosidad por créditos otorgados sin garantías. El Banco de Guatemala advierte sobre la fragilidad financiera del sistema de previsión militar.
• 2001 (Gobierno de Alfonso Portillo) – El IPM invierte US$33 millones en el fondo Pension Fund of America (PFA) en EE. UU., que canaliza los recursos a bancos como Lehman Brothers. Hay denuncias por comisiones indebidas a funcionarios del IPM.
• 2009 – Un tribunal en Miami ordena al fondo PFA devolver US$20.8 millones al IPM. El instituto logra recuperar parcialmente los fondos, pero omite reclamar el total pendiente.
• 2017 – Publicaciones independientes —como Desde el Cuartel— denuncian que el IPM operó como un grupo empresarial con beneficios exclusivos para militares, citando el caso del fondo PFA y vínculos con corrupción y tráfico de influencias.
• 2023 – Reportajes muestran que empresas ligadas al IPM han recibido millones en contratos del Estado, sin claridad sobre los dividendos reportados ni su destino final.
• Febrero de 2024 – La Contraloría General de Cuentas (CGC) presenta dos denuncias penales contra funcionarios del IPM por irregularidades que suman Q159.7 millones: préstamos sin recuperar, inversiones sin respaldo y sociedades con pérdidas. Se señala específicamente la omisión de acciones legales para recuperar Q88.5 millones aún pendientes del caso PFA en EE. UU.
• Mayo de 2025 – El Ministerio Público, a través de la FECI, allanó propiedades del IPM vinculadas a un caso de tráfico de influencias y uso indebido de terrenos públicos transferidos al instituto.

2025: 128 días de trabajo fuerte y firme 💪

✅ FECI realiza diligencias en seguimiento a denuncia por posibles actos de corrupción

Como parte del seguimiento a una denuncia sobre la comisión de posibles hechos de corrupción cometidos por el presidente de la República de… pic.twitter.com/7GzyEZqyuk

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 8, 2025

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