La Fiscalía Municipal del Ministerio Público de San Juan Sacatepéquez reconoce serias limitaciones para investigar a los denominados “grupos de seguridad” o “encapuchados” en comunidades de San Pedro y San Juan Sacatepéquez, debido al anonimato con el que actúan y la falta de pruebas técnicas, como grabaciones de voz, que permitan individualizar a los responsables.

Según explicó una fuente del MP, muchas víctimas identifican a los presuntos agresores únicamente por la voz; sin embargo, este señalamiento requiere peritajes comparativos y registros obtenidos en el momento de los hechos, lo que complica la judicialización de los casos.

En paralelo, el Ministerio Público (MP) ya recibe denuncias contra estos grupos por delitos como amenazas, allanamiento de morada e incluso robos.

¿Cómo operan?

El patrón es recurrente: sujetos encapuchados llegan a viviendas de particulares, muchas veces por conflictos de deudas u obligaciones, y advierten a las personas que deben abandonar la comunidad o cumplir exigencias en plazos determinados.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, del 1 de enero al 31 de marzo del 2026 se han presentado 130 denuncias en los municipios de San Pedro y San Juan Sacatepéquez relacionadas con estos grupos.

En el reporte hay denuncias por los delitos de robo de armas, desaparición de un hombre, dos por extorsión a comercios, 79 por extorsión a residencias, una por homicidio con arma contundente, ocho por homicidio con arma de fuego, dos por lesiones con arma blanca, seis por lesiones con arma contundente, seis por lesiones con arma de fuego, cuatro por lesiones por vapuleo, 18 por robo y hurto de motocicletas y dos denuncias por robo y hurto de vehículos.

La problemática no es aislada, de acuerdo con el MP. En San Juan Sacatepéquez, autoridades identifican al menos un grupo organizado por comunidad, lo que podría representar una estructura de más de una decena de células que operan por sectores y turnos, lo que dificulta su identificación y control.

Estos grupos también han interferido en diligencias oficiales. Un auxiliar fiscal indicó que se ha reportado que trabajadores del sistema de justicia han sido interceptados, cuestionados e incluso amenazados al intentar ingresar a ciertas áreas, bajo advertencia de represalias si ejecutan acciones contra residentes locales.

Las autoridades reconocen que el acceso a estos territorios requiere operativos de gran escala, con acompañamiento policial y militar.

Experiencias previas evidencian que, incluso con despliegues significativos, las condiciones de seguridad siguen siendo complejas.

Además, cuerpos de socorro como los Bomberos Voluntarios han sido objeto de intimidaciones, especialmente en zonas con alta producción de pirotecnia, donde se les prohíbe documentar emergencias mediante fotografías o videos.

Poco control de las autoridades

Aunque recientemente se anunció un estado de prevención y la Policía Nacional Civil (PNC) advirtió que las personas encapuchadas que no se identifiquen serán consignadas, fiscales consideran que la medida podría ser insuficiente si no se traduce en presencia efectiva y control territorial sostenido.

En términos de incidencia criminal, el auxiliar fiscal explicó que San Juan Sacatepéquez registra un mayor número de denuncias que San Pedro Sacatepéquez y es percibido por autoridades como uno de los focos más críticos en cuanto a violencia y control comunitario informal.

El pasado 7 de abril, en jurisdicción de San Pedro Sacatepéquez, la PNC y el MP investigaron un incidente armado en el que se reportaron cuatro personas fallecidas, cinco heridos, armas incautadas e implicación de vecinos organizados del municipio.

Las hipótesis de las autoridades señalan que delitos relacionados con el narcotráfico pudieron ser la causa de lo sucedido.