La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo programó para ellunes 10 de noviembre a las 10:00 de la mañana la audiencia en la que se conocerá la recusación presentada por la defensa de María Fernanda Bonilla, quien busca el cambio de jueza en el proceso que se sigue por la muerte de Melisa Palacios.

La audiencia fue fijada por la magistrada Miriam Regina Brolo, presidenta de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, quien también conoció la recusación anterior planteada por la defensa.

Aunque esta nueva acción se suma a las ya presentadas por los abogados de Bonilla, los motivos son los mismos. Según el análisis del Instituto de la Víctima, la defensa únicamente busca apartar a la jueza Carol Berganza para retrasar el proceso.

Busca de justicia para Melisa Palacios: el papel de la jueza Carol Berganza

La jueza Carol Berganza asumió el caso en septiembre de 2025, después de una larga gestión impulsada por la familia de Melisa Palacios, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio y el Instituto de la Víctima, quienes lograron trasladar el expediente a un juzgado de la Ciudad de Guatemala.

Esto ocurrió luego de que el proceso pasara por tres juzgados departamentales, donde según los registros, se omitieron pruebas clave, se modificó el delito de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta y se denunciaron posibles favoritismos hacia Bonilla.

Incluso Bonilla enfrentó un segundo proceso luego de que se filtrara un video que transmitió en vivo desde prisión.

De acuerdo con analistas consultados, la nueva estrategia de la defensa busca que Bonilla acepte los cargos bajo la figura de homicidio en estado de emoción violenta, lo que podría permitirle conmutar la pena mediante el pago económico y así evitar permanecer en prisión.

Nueva recusación con los mismos argumentos

Según el documento presentado por la defensa, y explicado por el abogado Juan Carlos Aquil, representante del Instituto de la Víctima, los procesados sostienen cuatro motivos para solicitar la separación de la jueza Carol Berganza, todos derivados de la audiencia del 2 de septiembre.

El primer argumento se refiere a una presunta vulneración al derecho de inocencia, debido a que la jueza permitió el ingreso de medios de comunicación a una audiencia que la defensa solicitó realizar a puerta cerrada.

El segundo se basa en la negación de recursos legales, pues, según los abogados defensores, Berganza rechazó varias peticiones antes de dictar el auto de apertura a juicio por asesinato. El abogado Juan Carlos Aquil aclaró que la jueza actuó conforme a la ley, ya que debía continuar con la etapa intermedia pendiente desde 2021 y no proceder a una audiencia de aceptación de cargos, como solicitó Bonilla días antes.

El tercer punto plantea una supuesta falta de traslado de una recusación verbal a la sala competente, lo que, según la defensa, debió suspender la audiencia. No obstante, Aquil recordó que las salas de apelaciones ya confirmaron la legalidad de las actuaciones de Berganza.

Finalmente, los abogados de Bonilla argumentan una enemistad grave, por una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público (MP) por presunto prevaricato e incumplimiento de deberes, alegando que ello constituye causa suficiente para apartar a la jueza. Sin embargo, Aquil subrayó que estas razones carecen de fundamento jurídico.

El caso por el asesinato de Melisa Palacios

El proceso penal contra María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín se originó por la muerte de Melisa Palacios ocurrida en 2021.

En septiembre de 2025, la jueza Carol Berganza resolvió enviarlos a juicio por asesinato, una decisión que fue ratificada por las salas de apelaciones tras los recursos presentados por la defensa, encabezada por la abogada Victoria Gobern.

El próximo 10 de noviembre, los magistrados de la Sala de Mayor Riesgo volverán a escuchar los argumentos de la defensa de Bonilla, así como los planteamientos de la Fiscalía del Ministerio Público (MP) y del Instituto de la Víctima. Posteriormente, decidirán si aceptan o rechazan la solicitud de cambio de jueza.