La niñez guatemalteca se desarrolla en un entorno de obstáculos y sin garantías de derechos humanos, una deuda persistente en el país, según el informe sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

En junio del año pasado se publicó una serie de recomendaciones para avanzar en el cumplimiento de los derechos de la niñez conforme a estándares internacionales. Guatemala continúa enfrentando desafíos estructurales, especialmente en áreas como salud y educación.

El comité emitió más de 50 recomendaciones. Entre los avances señalados figuran la sentencia en el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, la creación de modelos enfocados en la atención a jóvenes, modelos penales juveniles y programas contra la explotación infantil.

El informe recopila información hasta el 2023 y los avances reconocidos corresponden a administraciones anteriores. Para el 2032, Guatemala deberá presentar un informe con los avances en cada punto señalado. Sin embargo, a un año de ese compromiso, el progreso no es claro.

Salud

El informe abarca desde aspectos de salud hasta modelos familiares. Respecto del acceso a la salud, la comisión recomendó al Estado asegurar un tratamiento respetuoso de las diferencias culturales, especialmente en zonas remotas.

Asimismo, pidió redoblar esfuerzos para reducir la mortalidad infantil, en particular en comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas.

Otra recomendación consiste en reforzar las medidas contra la desnutrición y la malnutrición. Según datos oficiales, hasta la primera semana de agosto se reportan 15 mil casos de desnutrición aguda, 23 muertes confirmadas por esa causa y otras 76 en investigación.

Aunque las muertes confirmadas son menores que las registradas en los dos años anteriores, se mantienen dentro del promedio, y las muertes en investigación superan a las del 2024.

El comité también recomendó aprobar la iniciativa 5504, Ley de Alimentación Saludable, con énfasis en el etiquetado frontal. Este proyecto de ley está pendiente de aprobación en tercer debate. Recientemente, la Comisión de Seguridad Alimentaria y el Frente Parlamentario contra el Hambre recibieron seis mil firmas de apoyo desde la sociedad civil.

Otra medida es la aprobación de la Ley de Vacunación. Aunque la iniciativa 5342 fue aprobada en el 2022, el expresidente Alejandro Giammattei la vetó, alegando violaciones a principios de igualdad y equidad. Por ello, surgió un nuevo proyecto de ley que fue sancionado en noviembre pasado.

Primera infancia

En cuanto a la política de Primera Infancia, la comisión sugirió reforzarla con recursos humanos, técnicos y financieros suficientes, y con mecanismos eficaces de coordinación intersectorial.

La política fue aprobada el año pasado en el Gabinete Específico de Desarrollo Social, y su ente rector es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

El documento oficial indica que este año se incluirá la política dentro de planes nacionales, estrategias y recursos para garantizar una atención integral a la primera infancia, desde una perspectiva intersectorial.

Asimismo, se integrará como prioridad nacional en la agenda del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. El MSPAS informó que está a la espera de solicitar un espacio en el próximo Consejo Nacional.

También se realiza un análisis conjunto con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) para estimar el costo de implementación.

El ministerio aclaró que, aunque no se establece una asignación presupuestaria centralizada, se promueve que cada entidad, dentro de sus competencias, incorpore las necesidades de la población infantil en sus planes operativos y presupuestos anuales.

Entre las acciones vinculadas a la política se mencionan diseños de modelos de atención, recopilación estadística y fortalecimiento de la coordinación con entidades privadas e internacionales, involucrando al menos a seis instituciones.

Seguridad

La comisión solicita reforzar las actividades de prevención del reclutamiento de niños por grupos armados no estatales, en particular pandillas y narcotraficantes, abordando las causas profundas del fenómeno.

Informes del Ministerio de Gobernación reconocen que el reclutamiento en escuelas es uno de los principales. Se estima que hay entre 10 mil y 14 mil pandilleros en el país.

Eventos recientes han evidenciado la presencia de pandillas en centros educativos. En junio, en Colomba, Quetzaltenango, tres adolescentes fueron asesinados.

El gobierno impulsa programas como Escuelas Seguras, Comisiones Comunitarias de Prevención y Yo Soy Prevención, pero sus resultados se presentan en términos de participación y no de reducción de la criminalidad, ni cuentan con datos sustanciales.

Un reto interinstitucional

La protección de la niñez es un trabajo multidimensional que involucra al sector político, judicial y a la sociedad civil, explicó Carolina Escobar Sarti, directora ejecutiva de La Alianza.

“Para un ejercicio de gobernanza, debemos trabajar gobiernos, sociedad civil y la sociedad completa”, afirmó.

Si la niñez se convierte en prioridad nacional, los primeros cambios podrían observarse en la próxima década. Sin embargo, según la experta, a nivel mundial la agenda en favor de la infancia también enfrenta retrocesos ante nuevos liderazgos.

“Si todos los ministerios del gabinete colocan a la niñez en el centro de la agenda política, yo estimaría unos 25 años para ver un cambio profundo en el sistema”, puntualizó.

Escobar urgió a trabajar en la política pública bajo responsabilidad de la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia, y a establecer un reglamento para la Ley de Protección Integral (Pina), como base para reformar la legislación en favor de la infancia.

Protección de derechos

Se solicitó una postura política a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, pero esta evitó pronunciarse y refirió a la Procuraduría General de la Nación para enumerar avances en materia de niñez.

Se solicitó una postura política con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, pero evitaron brindar una y refirieron a la Procuraduría General de la Nación. La procuradora de la niñez, Lucrecia Prera, afirmó que hasta julio se han atendido a más de 41 mil niños y adolescentes por las denuncias realizadas.

Resaltó también el trabajo coordinado que mantienen con las demás instituciones, pero reconoce que la institución enfrenta algunos obstáculos por la falta de un marco legal específico.

“Es la única institución del sistema de justicia que por más de 30 años no ha tenido una ley orgánica y que esto sería muy valioso si tomamos en cuenta la necesidad que tiene la institución de tener una estructura y que a través de esta ley, más allá del tema del presupuesto, se pueda establecer de forma más clara las atribuciones se podría contar con procedimientos más fortalecidos y como acciones más claras”, reconoció Prera.