Encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo refleja desconfianza ciudadana hacia las elecciones de 2027
A poco más de un año de que Guatemala entre formalmente en la carrera hacia las elecciones generales de 2027, la confianza ciudadana en el próximo proceso electoral aparece profundamente erosionada. La última encuesta de percepción realizada por la Fundación Libertad y Desarrollo (FDL), en alianza con CID Gallup, revela que el 68% de la […]
A poco más de un año de que Guatemala entre formalmente en la carrera hacia las elecciones generales de 2027, la confianza ciudadana en el próximo proceso electoral aparece profundamente erosionada. La última encuesta de percepción realizada por la Fundación Libertad y Desarrollo (FDL), en alianza con CID Gallup, revela que el 68% de la población tiene poca o ninguna confianza en que los próximos comicios serán limpios y transparentes, un dato que refleja el desgaste institucional que generó el proceso electoral de 2023 y la prolongada crisis política que siguió a la victoria de Bernardo Arévalo.
El estudio fue realizado entre el 7 y el 20 de mayo de 2026 mediante entrevistas cara a cara a 1,208 personas mayores de 18 años, residentes en hogares particulares de Guatemala, con un margen de error de 2.8% y un nivel de confianza del 95%. La investigación, de carácter cuantitativo, buscó medir la percepción ciudadana sobre distintos temas políticos, económicos y sociales.
Los resultados muestran una ciudadanía marcada por el escepticismo: un 35% dijo no tener “ninguna confianza” en el próximo proceso electoral y otro 33% manifestó tener “poca confianza”. En contraste, apenas un 18% respondió tener “algo de confianza” y solo un 8% aseguró confiar mucho en que las elecciones de 2027 serán transparentes.
La desconfianza atraviesa prácticamente todos los sectores demográficos. Los hombres expresan mayores niveles de confianza que las mujeres —31% frente a 23% entre quienes respondieron “mucho” o “algo”—, aunque el escepticismo sigue siendo dominante en ambos grupos. Por regiones, los niveles de confianza son ligeramente más altos en el resto del país (28%) que en el área metropolitana (25%). Incluso entre personas con estudios superiores, tradicionalmente más participativas en procesos políticos, el respaldo al sistema electoral permanece debilitado.
El dato aparece en un momento particularmente sensible para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuya nueva integración asumió funciones hace dos meses tras el proceso de renovación de magistrados. El nuevo pleno recibió una institución golpeada por las tensiones que marcaron las elecciones generales de 2023, uno de los procesos más convulsos desde el retorno a la democracia.
Aquellos comicios estuvieron atravesados por judicialización, intentos de cancelar partidos políticos, allanamientos al TSE y una ofensiva del Ministerio Público encabezado por la exfiscal general María Consuelo Porras —sancionada por sus acciones corruptas y antidemocráticas— contra el partido Movimiento Semilla y el entonces presidente electo Bernardo Arévalo.
La transición de poder estuvo marcada por una narrativa por parte del ente investigador de un supuesto intento de golpe de Estado y por una presión internacional inédita para garantizar la toma de posesión y que rechazó las acciones del MP de forma categórica.
La resistencia de organizaciones indígenas, la vigilancia internacional y las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad terminaron sosteniendo la investidura presidencial de Arévalo, pero el desgaste sobre la credibilidad del sistema electoral parece haber dejado una huella persistente en la opinión pública.
UN DESENCANTO ANTICIPADO
La encuesta también refleja un desencanto anticipado con la oferta política de cara a 2027. Un 57% de los consultados respondió que no conoce lo suficiente a los futuros candidatos como para valorarlos, mientras que un 17% aseguró que no hay “ningún buen candidato”. Solo un 23% considera que sí existen algunas opciones positivas.
Entre quienes todavía ven candidatos viables, el mayor respaldo se concentra en hombres y en personas de entre 25 y 39 años. Sin embargo, el estudio revela que el electorado aún no encuentra figuras capaces de generar entusiasmo o confianza generalizada.
El rechazo a ciertas prácticas políticas también aparece con claridad. Un 48% se manifestó en desacuerdo con las actividades de promoción electoral antes del período oficial de campaña. Dentro de ese grupo, un 26% dijo estar “muy en desacuerdo”, reflejando el desgaste ciudadano frente al proselitismo anticipado y a las campañas permanentes que dominan la política guatemalteca.
En cuanto al perfil que esperan del próximo presidente, la principal demanda ciudadana es la firmeza contra la delincuencia, mencionada en primer lugar por el 37% de los encuestados. Muy cerca aparece la honestidad y la lucha contra la corrupción, con un 32%, dos temas que vuelven a colocar la seguridad y la transparencia como ejes centrales de la discusión pública.
La capacidad de gobernar y ejecutar proyectos quedó en tercer lugar, con 14%, mientras que la experiencia en el sector público o privado obtuvo porcentajes considerablemente menores.
Las prioridades para el próximo Gobierno también dibujan un mapa de preocupaciones sociales marcado por el deterioro económico. El 49% considera que la principal medida que debería impulsar la próxima administración es subir el salario mínimo, seguido del control de precios de la canasta básica, con 45%. Mejorar las carreteras (35%) y construir escuelas y hospitales (32%) aparecen después.
En paralelo, un 25% pide perseguir a los corruptos y el mismo porcentaje respalda reducir el número de diputados en el Congreso.
La Hora buscó una postura oficial del Tribunal Supremo Electoral sobre los hallazgos de la encuesta y consultó al nuevo pleno de magistrados sobre las medidas que implementarán para recuperar la confianza ciudadana rumbo a 2027. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
