Congreso sigue en negociaciones por ley antilavado, mientras denuncias de la IVE superan los Q2,715 millones
Mientras los diputados continúan negociando cambios a la iniciativa 6593, que busca dar vida a la nueva Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, las estadísticas oficiales muestran que la detección de operaciones irregulares mantiene una tendencia mensual al alza este año. Datos de la Intendencia de Verificación […]
Mientras los diputados continúan negociando cambios a la iniciativa 6593, que busca dar vida a la nueva Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, las estadísticas oficiales muestran que la detección de operaciones irregulares mantiene una tendencia mensual al alza este año.
Datos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), correspondientes al cierre de abril, reflejan que en los primeros cuatro meses de 2026 se reportaron 2 mil 338 transacciones sospechosas, se presentaron 110 denuncias ante el Ministerio Público (MP) y se señalaron movimientos por Q2 mil 751.5 millones vinculados a posibles esquemas de blanqueo de activos.
Las cifras cobran relevancia en momentos en que el Congreso discute una ley considerada clave para cumplir con los estándares internacionales exigidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo que evaluará los avances del país en el combate de la citada actividad ilícita en febrero de 2027.
CERCA DE Q3 MIL MILLONES DENUNCIADOS
El monto denunciado acumulado en el primer cuatrimestre del año ascendió a Q2 mil 751.5 millones, dinero que se encuentra bajo sospecha de lavadomediante diversas transacciones.
Según la IVE, solo durante abril fueron presentadas 27 denuncias ante el Ministerio Público, sustentadas en el análisis de 28 mil 703 operaciones financieras sospechosas por un monto de Q1 mil 45 millones. El 40% del primer cuatrimestre de 2026.
Otro aspecto destacado es que, hasta ahora, van 660 personas incluidas en expedientes que llegaron a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, pues estarían implicadas en posibles casos de blanqueo.
MÁS DE 2 MIL TRANSACCIONES SOSPECHOSAS
Las alertas también continúan creciendo desde el sector supervisado. Entre enero y abril, las personas obligadas —bancos, cooperativas, aseguradoras, inmobiliarias, comercializadoras de vehículos, contadores y otros sectores considerados vulnerables— enviaron 2 mil 338 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) a la IVE.
Actualmente existen 4 mil 485 personas obligadas registradas ante la entidad, de las cuales 2 mil 896 corresponden a actividades no financieras y mil 589 a entidades financieras.
Paralelamente, la Intendencia ha intensificado las labores de supervisión. Hasta abril realizó 151 verificaciones basadas en riesgo para constatar el cumplimiento de la normativa antilavado. Así se consigna en su más reciente boletín mensual.
NUEVA LEY ANTILAVADO CON FRENO
Mientras las estadísticas suben, en el Congreso se desarrolla un intenso debate político en torno a la nueva ley integral contra el lavado de dinero.
Durante las últimas semanas, diputados de las bancadas Vamos, UNE, Valor y Cabal impulsaron modificaciones a varios artículos del proyecto, lo que obligó a suspender su aprobación definitiva y abrir una mesa de negociación con la Superintendencia de Bancos (SIB).
Uno de los puntos de mayor controversia es el apartado que habla de la administración basada en riesgo, un principio que precisamente constituye uno de los pilares del sistema antilavado vigente y que la propia IVE destaca en su boletín estadístico como una de las recomendaciones fundamentales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La SIB ha manifestado reservas sobre algunas de las modificaciones propuestas, particularmente aquellas relacionadas con la clasificación de personas obligadas según niveles de riesgo.
También ha advertido que no existe margen para alterar aspectos vinculados a la tipificación y autonomía del delito de lavado de dinero—cambios que, entre otros, impulsa Allan Rodríguez—, por tratarse de estándares requeridos internacionalmente.
SECTORES URGEN APROBACIÓN
La discusión ocurre bajo presión de diversos sectores económicos. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) advirtió esta semana que no aprobar la ley en la sesión extraordinaria programada para el 2 de junio podría aumentar el riesgo de que Guatemala sea incluida nuevamente en la lista gris de GAFILAT.
Empresarios sostienen que una eventual inclusión tendría efectos directos sobre remesas, acceso al crédito, corresponsalías bancarias, inversión extranjera y costos para las empresas. Entretanto, las autoridades financieras insisten en que la normativa debe alinearse plenamente con los estándares internacionales para preservar la credibilidad del sistema.
Las discusiones en torno al tema continuarán la próxima semana en el Legislativo. Este lunes 1 de junio, la Comisión Permanente, jefes de bloque y la SIB buscarán finalmente concretar acuerdos sobre las enmiendas a aplicar en la normativa.
Los resultados de esa junta definirán el desarrollo de las sesiones extraordinarias convocadas para el 2 y 3 de junio, cuando se tiene prevista la aprobación de la iniciativa por artículos y en redacción final.
