Presupuesto 2025: En la recta final del dictamen de la Comisión de Finanzas, la expectativa aumenta si tendrá o no modificaciones
La aprobación del presupuesto 2025 entra en la recta final con el dictamen de la Comisión de Finanzas con algunas modificaciones planteadas a la propuesta original del Ejecutivo, y analistas insisten en que deben prevalecer los fundamentos técnicos.
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Presupuesto 2025: En la recta final del dictamen de la Comisión de Finanzas, la expectativa aumenta si tendrá o no modificaciones
La aprobación del presupuesto 2025 entra en la recta final con el dictamen de la Comisión de Finanzas con algunas modificaciones planteadas a la propuesta original del Ejecutivo, y analistas insisten en que deben prevalecer los fundamentos técnicos.
El programa de gasto 2025 contempla un rubro para inversión pública por la vía del endeudamiento. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La cuenta contra reloj para la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos por Q148 mil 526 millones, recaerá en el Congreso de la República que por ley tiene hasta el 30 de noviembre para conocer la iniciativa que presentó el Ejecutivo por medio del Ministerio de Finanzas (Minfin).
Se trata de la ejecución del gasto estatal para un segundo año de la administración del presidente Bernardo Arévalo, pero ya formulado de acuerdo con la orientación a sus ejes de trabajo.
Posturas encontradas
En tanto que centros de investigación económica, han reiterado los hallazgos encontrados, sobre todo en la parte del aumento de la deuda pública por medio de la contratación de bonos del Tesoro por Q25 mil 104 millones y que elevaría el déficit fiscal a 3.1 % por un monto de Q29 mil 412 millones. La principal crítica, es que parte de la contratación de esa deuda, se estaría destinando para gasto de funcionamiento y otra parte para inversión, y se espera una corrección por parte de la Comisión de Finanzas, que la dirige Julio Héctor Estrada Domínguez, extitular del Minfin.
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Por otro lado, el Consejo Económico y Social (Ces), recomendó que es crucial que los recursos se asignen prioritariamente a sectores como la salud, la educación, la lucha contra la desnutrición infantil y el fortalecimiento de la infraestructura productiva, con el fin de crear empleo digno y reducir los niveles de pobreza.
A la vez, según el Ces, que es oportuno diseñar un plan de gasto multianual con un enfoque prudente en el manejo del déficit fiscal y compromisos de deuda, a manera de evitar riesgos que generen un impacto inflacionario, de preservar la estabilidad macroeconómica, la calificación de riesgo-país, priorizar la inversión hacia sectores estratégicos de infraestructura que promuevan el desarrollo social y crecimiento económico, que son aspectos claves para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos.
En tanto que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expuso algunas recomendaciones para mejorar el gasto, en los ejes: macroeconómico; calidad del gasto e inversión en infraestructura.
“Es oportuno diseñar un plan de gasto multianual con un enfoque prudente en el manejo del déficit fiscal y compromisos de deuda, a manera de evitar riesgos que generen un impacto inflacionario, de preservar la estabilidad macroeconómica, la calificación de riesgo-país”
Comunicado Ces
Una de las sugerencias que plantea el sector privado organizado al plan de gasto, es sobre el control del gasto corriente y reducir el déficit fiscal a menos del dos por ciento del producto interno bruto (PIB) que equivale a unos Q20 mil millones. Es decir, una reducción del techo del presupuesto de al menos Q10 mil millones.
La otra de las observaciones es que al aumentarse el déficit fiscal a 3.1 %, que es un déficit mayor, no es sostenible y “que pon en serio riesgo la estabilidad macroeconómica, el nivel de precios o sea la inflación y las tasas de interés”. Así también de ajustar las estimaciones de recaudación de impuestos a escenarios conservadores para evitar sobreestimaciones que generen déficits inesperados.
Y aunque no es vinculante, el pasado 30 de octubre, la Junta Monetaria (JM) emitió una opinión favorable a la emisión de Q25 mil 104 millones en bonos del Tesoro que financiarán el presupuesto 2025, pero con el voto en contra, de los representantes del Cacif, bancos privados y de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Los escenarios
Érick Coyoy analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) y Jorge Lavarreda del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expusieron que a la Comisión de Finanzas se les realizó una presentación sobre los puntos más importantes, y no se tuvo una respuesta de los parámetros.
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Coyoy, quien también fue ex viceministro de Finanzas, aseguró que le llama la atención que cada vez más se está destinando gasto de funcionamiento con deuda pública, por qué es un tema delicado a largo plazo, y hay que ponerle tanta atención.
A su juicio, el déficit mayor, no podría ser tanto el problema, si es que su destino va para inversión, pero cada año se está empleando para funcionamiento “y lo delicado es que es gasto permanente, por lo que debería de evitarse, por lo que la Comisión de Finanzas debe poner atención por qué no es una buena práctica financiar gasto corriente por la vía de la deuda”.
En la propuesta de gasto para 2025, casi la mitad de los Q25 mil millones en bonos, es para funcionamiento, que debería analizarse.
Por otro lado, el Congreso de la República a aprobado este año, iniciativas de ley que están generando gastos extras como Clases Pasivas, programa de Vacunación Nacional, pago a veteranos militares, infraestructura vial, y todas esas normativas implican gastos, por lo que debe revisarse la capacidad real del Ejecutivo para asumir esos compromisos.
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Lavarreda, reiteró que se debe dictaminar con un sólido fundamento técnico, que corrigiera las diversas deficiencias que se han identificado en la propuesta que envió el Minfin.
Le llama la atención, que aún no ha salido el dictamen, por los tiempos legales para conocerlo, y se recomendó un cambio de metodología para concentrarse en la gestión por resultados, que en vez de concentrarse en la ejecución financiera, lo que tradicionalmente se hace en la Comisión de Finanzas, para tomar decisiones mejor informadas con la información de los planes operativos anuales (POA) y los planes de adquisiciones para tener un mejor fundamento para el dictamen.
Recalcó que, por las fechas, y sin conocerse el contenido del dictamen, puede interpretarse que aún no hay acuerdos políticos, y un escenario es en que se agote el tiempo, y quede vigente el presupuesto 2024 con la ampliación presupuestaria que alcanza Q132 mil millones, basado en la fecha que se está. Esta tesis, es por qué ya se aprobó el articulado que permitirá a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) utilizar los fondos para el siguiente ejercicio fiscal.
“Llama la atención que cada vez más se está destinando gasto de funcionamiento con deuda pública, por qué es un tema delicado a largo plazo”
Érick Coyoy, analista Asíes
El otro escenario, es que se apruebe una versión que no salga del dictamen de la Comisión de Finanzas, que surja en el pleno, que “seguramente modificará lo que envió el Ejecutivo”.
Entonces, si se logra aprobar un nuevo plan de gasto, sería con modificaciones a lo que envío el Ejecutivo, así como de lo que salga en el dictamen de la sala de trabajo del Congreso.
Finalmente, se esperaría corregir la parte del financiar el monto de gasto de funcionamiento con deuda pública, así como la revisión de los “bolsones” de gasto que no tienen nada en concreto por esta misma fuente, y todo aquello que no tenga justificación para reducir el déficit fiscal.
Acuerdo político
En el Congreso de la República, hay un consenso de aprobar al gobierno el presupuesto como lo dictamine la Comisión de Finanzas, afirmó el diputado César Fión, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza.
La voluntad expresa de algunas bancadas en favor de apoyar el presupuesto, es a fin de que el Ejecutivo pueda atender las necesidades de sus políticas de gobierno y un ordenamiento de sus asignaciones, aclaró.
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Las razones es que se está trabajando en un presupuesto formulado para el 2023, más una ampliación presupuestaria, pero que el Ejecutivo de alguna manera necesita en sus políticas de gobierno debe ordenar sus gastos, y la otra es que existen los recursos para poder ejecutar.
La diputada Sonia Gutiérrez Raguay del bloque Winaq, adelantó que se tiene contemplado una posible reducción en el monto de la deuda y del techo.
Mientras que el diputado oficialista Roman Castellanos quien integra la Comisión de Finanzas, indicó que se estaría modificando la contratación de deuda y que se está discutiendo con el Minfin.