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Negociar para el bien común: El arte político en el sistema presidencial
Guatemala y el desafío de consensuar en tiempos de división de poderes
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El presidente lidera el Ejecutivo, respaldado por su partido y coaliciones más o menos inestables, pero la mayoría legislativa está en manos de otras fuerzas políticas. Esta configuración, lejos de ser una anomalía, es parte natural de la democracia y plantea un escenario que invita a la reflexión sobre el verdadero sentido del Estado y la política, especialmente en naciones en vías de desarrollo donde las necesidades básicas de la población son urgentes y múltiples.
En Guatemala, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se enfrenta a retos particulares.
La división de poderes es uno de los pilares de la democracia moderna. En el sistema presidencial, el presidente encabeza el Ejecutivo, mientras que el Congreso o Parlamento representa la pluralidad política de la sociedad. Esta estructura permite que diferentes fuerzas políticas convivan en los espacios de toma de decisión, garantizando controles y equilibrios. Sin embargo, cuando la mayoría legislativa no coincide con el partido del presidente, como ahora: ¿cómo avanzar en políticas públicas en medio de desacuerdos?
Es habitual pensar que la falta de mayoría legislativa para el partido presidencial puede llevar al estancamiento o bloqueo institucional. Sin embargo, esta situación no debería convertirse en un obstáculo insalvable, sino en una oportunidad para fortalecer la cultura de negociación y acuerdos. La política, en su esencia, es el arte de buscar consensos y hacer concesiones recíprocas. Los líderes deben entender que el debate y la negociación son herramientas fundamentales para alcanzar el bien común.
El objetivo central del Estado debe ser el bienestar de todos sus ciudadanos. En países en desarrollo como Guatemala, donde la pobreza, el acceso a servicios básicos y la debilidad de sus infraestructuras son problemas apremiantes, no hay espacio para intereses partidistas que bloqueen iniciativas orientadas a mejorar la vida de la gente. La oposición tiene el legítimo derecho de poner condiciones, exigir transparencia y velar por la correcta aplicación de las políticas, pero no debe obstaculizar propuestas que beneficien a la colectividad. Por otro lado, el Gobierno tampoco puede esperar que se aprueben todas sus preferencias sin considerar las demandas y preocupaciones de otras fuerzas políticas.
Negociar no significa ceder a todo, pero sí implica reconocer la pluralidad y buscar puntos de encuentro. El Gobierno debe saber escuchar, ceder en asuntos secundarios y priorizar lo realmente esencial para el país. La oposición, por su parte, debe actuar con madurez, diferenciando entre la crítica legítima y el bloqueo sistemático. Así, ambos lados pueden construir puentes que permitan avanzar en la solución de los problemas más urgentes y crear políticas públicas sostenibles y justas.
La vida democrática exige que los líderes políticos desarrollen la capacidad de negociar y llegar a acuerdos pensando siempre en el bien común. En Guatemala, el sistema presidencial ofrece una oportunidad para demostrar que, aun en la diferencia, es posible construir consensos. Ni el Gobierno ni la oposición pueden actuar como dueños exclusivos de la verdad. La ciudadanía necesita que sus representantes sean capaces de dialogar, ceder y trabajar juntos para que el país avance. El arte político, en definitiva, es el arte de encontrar soluciones en la diversidad, siempre con la mirada puesta en el bienestar de todos.