Por trigésima tercera vez, la Asamblea General de la ONU votó por condenar el embargo estadounidense a Cuba. Desde 1992, el ritual se repite con puntualidad anual; el régimen de La Habana se presenta como víctima de una agresión externa y el mundo aplaude su papel de mártir. Pero detrás de los discursos y votos de condena, se esconde una realidad añeja y cruel; Cuba no sufre un embargo, su propio régimen es un embargo.

Desde hace 76 años, el poder en la isla no se ha sometido a una sola elección abierta competitiva. Es una dictadura militar de partido único, sostenida por un aparato de inteligencia y control social que penetra toda esfera de la vida de los ciudadanos. El Partido Comunista es la única fuerza política legal; la prensa está bajo censura, organizaciones independientes son disueltas o infiltradas y las voces críticas —periodistas, activistas, artistas, sacerdotes— son vigiladas, encarceladas o empujadas al exilio. Esa es la verdadera causa del estancamiento y la pobreza; el embargo interno que el propio Estado impone sobre los cubanos.

El régimen habla de “bloqueo” para culpar a Washington de su miseria, sin reconocer que comercia con más de 70 naciones; la diplomacia cubana reclama el “derecho a comerciar” con la comunidad internacional, mientras niega ese derecho a sus ciudadanos. El embargo estadounidense no explica por qué Cuba mantiene un gobierno policíaco que somete a la sociedad a la obediencia absoluta. Lo explica un sistema económico diseñado para concentrar el poder en el Estado y mantener a la población dependiente de la ración y el favor oficial.

El control económico es absoluto. Las empresas estratégicas, el comercio exterior y el turismo están en manos de conglomerados administrados por el Ejército, en particular el grupo Gaesa; toda inversión extranjera debe tener como socio al Estado cubano. El gobierno no trabaja para los ciudadanos, los ciudadanos trabajan para el gobierno, que reparte migajas y libretas de abastecimiento. El resultado es la pobreza generalizada y una cultura de temor y sumisión; depender del Estado obliga a obedecerlo.

El discurso de la delegación cubana ante la ONU sostiene que el embargo estadounidense es “un acto de guerra económica”. El único acto de guerra permanente es el del régimen contra su propio pueblo. Quien prohíbe a sus ciudadanos comerciar y producir, publicar sin censura, quien encarcela a un músico por cantar una letra incómoda, no es víctima; es victimario.

La pregunta de fondo es: ¿en qué fundamenta su legitimidad el régimen cubano? No es en el voto, ni en la prosperidad o bienestar. Su legitimidad está en la fuerza, la vigilancia y la manipulación del relato histórico. El mito de la revolución como epopeya moral ha servido para justificar seis décadas de represión. La revolución ya no es más que mitología; lo que queda es una dirigencia esclerótica, élite de partido único, una economía parasitaria y un Ejército convertido en corporación.

La ONU, con su ritual anual de condenar el embargo, contribuye a perpetuar la ficción. Los gobiernos que votan con Cuba dicen defender el principio de soberanía; en realidad están defendiendo la tiranía sobre los cubanos, una dictadura anacrónica carente de legitimidad moral o política.

La resolución pendiente no está en la sede de la ONU en Nueva York sino en La Habana; el fin del embargo de libertades, derechos fundamentales y esperanzas que el propio régimen impone sobre su pueblo. Ese es el único bloqueo que mantiene a Cuba prisionera. El resto —incluido el voto 33 de la ONU— es teatro.