El sector privado y tanques de pensamiento se ha pronunciado en contra de la aprobación en el Congreso del decreto 7-2025, que beneficia económicamente a los CODEDES y exigen el veto presidencial.

El Congreso de la República aprobó de urgencia nacional una ley que permitirá a los consejos departamentales de desarrollo (Codedes) continuar utilizando en 2026 los fondos que no ejecuten este año. Además, instruye a las entidades del Gobierno a agilizar los avales para los contratos que estas instancias planteen en sus obras.

Por ejemplo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) fue de las primeras entidades en pronunciarse sobre los efectos negativos que tendría la disposición aprobada por los diputados mediante el Decreto 7-2025.

A través de un comunicado, expresó su profunda preocupación por las implicaciones fiscales de la ley y recomendó públicamente al presidente Bernardo Arévalo emitir un veto, para evitar que la normativa cobre vigencia.

En una línea similar se pronunció el sector empresarial, representado por el CACIF, que considera que dicho decreto viola el principio de anualidad presupuestaria. Por ello, solicitaron también el veto presidencial, advirtiendo que, de entrar en vigor, la ley abriría la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político que establece la Constitución.

De igual manera se manifestaron la Cámara de Comercio de Guatemala y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

En relación con estas posturas, el diputado Inés Castillo afirmó que el presidente está en su derecho de sancionar o vetar la normativa; sin embargo, recordó que la decisión final recae en el Legislativo, pues es el pleno el que determina si acepta o no el veto presidencial.

Castillo también recordó al Ejecutivo que pretendía implementar una medida similar con la Ley de Agilización, solo que en esta ocasión la iniciativa fue impulsada directamente por el Congreso.

Por Bryan Choy