El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a última hora del viernes 24 de enero a 17 inspectores generales de agencias federales, cuya función principal era supervisar y fiscalizar de manera independiente las operaciones del Gobierno.

Esta decisión ha generado controversia y críticas, principalmente desde sectores demócratas y ha desatado preocupaciones sobre la independencia de la supervisión gubernamental.

La falta de explicaciones claras sobre los despidos ha generado dudas sobre la integridad de los mecanismos de supervisión y ha alimentado la percepción de que la administración busca limitar la rendición de cuentas en su gobierno.

Despidos cuestionados por posible violación de leyes federales

La noticia fue divulgada por varios medios estadounidenses y ha sido calificada como una posible violación de las leyes federales por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.

Según la normativa vigente, el presidente tiene la potestad de cesar a los inspectores generales, pero únicamente tras notificar al Congreso con 30 días de antelación y presentar un razonamiento detallado de su decisión.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, despide al menos a 17 inspectores generales de agencias federales, cuya labor era supervisar y fiscalizar al Gobierno de forma independiente.https://t.co/MQWPsBaTkW

— EFE Noticias (@EFEnoticias) January 25, 2025

Esta medida fue interpretada como una continuación de la postura que Trump mostró durante los actos de su toma de posesión en 2017, cuando expresó su desconfianza hacia los mecanismos de supervisión independientes.

Reacciones en el Congreso

El senador republicano Chuck Grassley, reconocido defensor de la supervisión gubernamental, también expresó su preocupación: “Se espera que los inspectores generales sean independientes de la presión política, del jefe de la agencia, y que se aseguren de que las leyes se cumplan y los fondos se utilicen de manera adecuada. No debería haber ninguna presión política contra su trabajo”.

Grassley añadió que, aunque podría haber motivos legítimos para los despidos, es necesario que el presidente ofrezca explicaciones claras al respecto.

La ley establece que cualquier inspector general que asuma el cargo de manera interina debe provenir de la comunidad de inspectores generales. Sin embargo, fuentes cercanas a la Casa Blanca señalan que no se espera que la administración de Trump cumpla con esta disposición o busque reemplazos inmediatos.