Los corruptos lo volvieron a hacer y están moviendo los hilos de esta crisis. Esta vez usaron como pretexto lo del seguro para vehículos. Históricamente, alrededor del problema del transporte se han congregado mafias corruptas y criminales que viven en la impunidad y utilizan su poder para paralizar al país cuando ciertos políticos (también corruptos) necesitan de sus servicios. Amor con amor se paga. ¿Ya entendimos por qué el tren que funcionaba en el siglo XX ya no funciona? ¿Por qué no hay un buen servicio de transporte público en el país desde hace tanto y a quiénes no les conviene que así sea?

Basta ver al líder de la actual protesta, un hombre de muy cuestionada reputación, vinculado en algún momento a la UNE y ahora a la cabeza del negocio de mototaxis. El gobierno pateó el hormiguero y estos corruptos, que solo esperaban ver a las hormigas salir corriendo, se aprovecharon. Es cierto que la bolsa de millones de guatemaltecos no aguanta más y esto se traduce en un rechazo genuino hacia la medida, pero para ellos se han planteado alternativas con lo del seguro vehicular. A los que les duele más esta medida es a aquellos que deberán registrar sus vehículos, con los cuales cometen crímenes (motos, carros particulares, tuc-tuc, taxis piratas…); también les duele a los avorazados dueños de empresas de transporte colectivo que presionan a sus pilotos a convertirse en verdaderos criminales al volante y fugarse del lugar para no pagar un seguro que cubra a terceros (algunos incluso son contratados sin tener licencia); o a los políticos que se quedarán sin sus operadores de la corrupción en coyunturas específicas. En toda sociedad democrática saludable existen las movilizaciones sociales, pero esto que estamos viendo no es una legítima movilización ciudadana. Es una burda acción distractora de los corruptos, ante las elecciones del Consejo Superior Universitario, ante la toma de posesión de la nueva junta directiva del Cang, entre mucho más.

Ellos son los que están jugando con las percepciones de la gente en esta coyuntura política. La iniciativa del seguro vehicular se reactiva luego del trágico accidente del autobús, en febrero, donde murieron 54 personas, sin que nadie se hiciera responsable por ello. Cero responsabilidad empresarial y civil. La intención de reactivar la medida es buena, pero los corruptos supieron aprovechar dos errores del gobierno: 1) Mal cálculo de los tiempos políticos, justo después de que los dipucacos se subieran el salario y en una coyuntura de poca aceptación hacia un presidente que no pudo sacar a Porras del MP; y 2) Falta de comunicación estratégica y oportuna del gobierno hacia la población sobre la medida aprobada en el Congreso en 1996 (¡!) y ordenada por la Corte de Constitucionalidad en 2024, así como de sus mecanismos de seguimiento y fiscalización.

¿Que las aseguradoras son también voraces y ordenan a sus trabajadores hacer lo posible para evitar pagarle al asegurado cuando se pueda? No dudo que haya mucho de razón en ello, pero la mafia de los transportistas grandes, medianos y pequeños sigue subsidiada y se ha mantenido en completa impunidad por décadas. Se antoja un buen sistema de transporte público donde intervenga directamente el Estado y más responsabilidad civil, en general, ante los daños a terceros en los 300 a 400 accidentes de tránsito diarios, de los cuales el 98% queda en total impunidad. Es imperativo que ese sistema no siga dependiendo de las mafias que lo han cooptado. Un autobús puede transportar hasta a 60 personas, mientras que un carro, solamente a 5, y usa un espacio en la vía que mide la tercera parte de un autobús. ¿Quién es tan ciego como para no ver cuestiones tan sencillas como esta? En algún momento tendremos que cambiar esto, quizás en contextos de más educación y menos corrupción.