Autor: José Mariano Gué

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El 31 de mayo de 1985 la Asamblea Nacional Constituyente promulgó y sancionó la Constitución Política de la República de Guatemala. A más de cuarenta años es interesante analizar lo que nos ha dejado la Constitución.

Ciertamente el contexto en el cual se dió es diferente al actual. En ese entonces, Guatemala atravesaba una transición política marcada por la violencia y una guerra interna, un régimen militar que hasta ese entonces impulsaba una transición a un gobierno civil. Actualmente Guatemala sigue enfrentando procesos difíciles, captura institucional, cooptación de la justicia, ataques a la democracia, crimen organizado dentro de la política, etc.

Hasta este punto debemos preguntarnos si la Constitución aún cumple con las necesidades actuales de la población. Muchos de nosotros nacimos después de que entrara en vigencia; sin embargo, estábamos esperando que comenzara este ansiado debate: la Constitución y sus reformas.

Los magistrados de la más alta corte son quienes tienen la responsabilidad de proteger el orden constitucional; No obstante, son quienes reiteradamente la vulneran, encargándose de que la población ya no confíe más en lo que en papel está escrito.

Tradicionalmente se ha hablado de la Constitución, sus vacíos y sus promesas desde hace años desde distintos grupos sociales, élites académicas y juristas. Pero no es hasta 2026 en donde se marca un punto de inflexión, es hasta ahora que comienza el ansiado debate por las reformas, con figuras que han dado la cara para impulsar lo que parece un beneficio para todos llevando el debate a las calles, a la población en general; con el fin que se escuche algo sobre la Constitución.

Siempre ha habido defensores del estado actual del país, quienes promulgan que un cambio a la Constitución sería espantoso, pero que también se han aprovechado de sus vacíos, como la cooptación de las autoridades para salir impunes.

Un ejemplo sobre ello fue suscitado unas semanas atrás, previo a la celebración de independencia, los ciudadanos fueron testigos nuevamente de los bloqueos. Lo que más llama la atención es la solicitud de los manifestantes hacia las personas que buscaban llegar a sus destinos para que firmaran una hoja con sus datos para la renuncia del Presidente, la vicepresidenta y la negativa a las reformas de la Constitución impulsadas por la sociedad civil de Poder Ciudadano.

Es real el temor que existe desde quienes manejan grupos de choque, distintos gremios y hasta instituciones que se encargan de estudiar la Constitución para que las cosas sigan como están, no desde un celo republicano, sino desde el temor de perder los privilegios que por décadas les han garantizado la impunidad. Sus acciones no hacen más que demostrar el miedo que estas élites tienen a que el pueblo entienda sus propios derechos. El cambio es necesario pero si las cosas no cambian como ellos quieren entonces todo está mal y no debe permitirse.

El debate por las reformas va más allá de firmar o no, es más sobre el alcance que la Constitución, las decisiones de los magistrados de las altas cortes y el debate que se tiene dentro de la misma acerca de los amparos que nos afectan a todos sean conocidos y sean debatidos por la población. El conocimiento de los asuntos sobre los cuales se decide cada día en la Corte debe llegar a todos, no en un idioma inentendible o que solo los abogados hablan, sino en un léxico que todos hablemos y podamos entender. El derecho no es para unos pocos vestidos de traje y que gritan que la Constitución “no se toca” y que todo debe quedarse como está. El derecho debe ser para todos, entendido por todos y aplicado para todos, porque todos somos guatemaltecos y tenemos derecho a saber y a exigir. La democratización del conocimiento jurídico es esencial para el Estado de Derecho y para la población.

Cada generación tiene derecho a escribir sus reglas y es nuestro trabajo escribir las nuestras. Este 2026 el mayor triunfo que hemos tenido es que el pueblo ya haya iniciado con el debate.