Pruebas de bloqueadores de señal concluyen: Mingob prevé licitación a inicios de 2027 para ocho cárceles
Las pruebas de concepto de los nuevos bloqueadores de señal en centros carcelarios concluyeron con resultados favorables, según informó el Ministerio de Gobernación (Migob), asegurando que la tecnología evaluada logró impedir comunicaciones por telefonía móvil, datos de internet e incluso conexiones mediante routers. En entrevista con La Hora, la viceministra de Tecnología de la Información […]
Las pruebas de concepto de los nuevos bloqueadores de señal en centros carcelarios concluyeron con resultados favorables, según informó el Ministerio de Gobernación (Migob), asegurando que la tecnología evaluada logró impedir comunicaciones por telefonía móvil, datos de internet e incluso conexiones mediante routers.
En entrevista con La Hora, la viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Karen Ortiz, explicó que las pruebas continuarán oficialmente hasta el 7 de julio, mientras que el informe técnico preliminar ya fue presentado para evaluar el desempeño de los equipos instalados.
“La solución que nosotros buscamos es que el bloqueo de señales sea no solo para la telefonía celular, sino también para datos, internet, internet satelital, drones y sobre todo que pueda haber una administración de la frecuencia para no impedir las comunicaciones permitidas», expresó.
Según detalló, durante los 15 días de pruebas las llamadas y el acceso a internet de las redes de Tigo y Claro dejaron de funcionar dentro del centro de detención donde se instaló el sistema.
Además, explicó que también detectaron dispositivos que intentaban distribuir internet mediante routers, los cuales tampoco lograron establecer conexión. Así mismo la viceministra añadió que las mediciones efectuadas por la Policía Nacional Civil confirmaron que el bloqueo se mantuvo activo durante todo el período de evaluación.
“Pudimos determinar que se encontraron en todo momento bloqueada la señal.”
RESISTENCIA DE LOS BLOQUEADORES
La funcionaria indicó que los bloqueadores permanecieron 15 días instalados sin sufrir actos de vandalismo, aun cuando la infraestructura utilizada correspondía únicamente a una prueba técnica.
Asimismo, explicó que los dispositivos cuentan con monitoreo remoto y generan alertas automáticas cuando son apagados o manipulados, las cuales pueden ser supervisadas por autoridades previamente autorizadas, incluyendo el ministro de Gobernación, viceministros, el director del Sistema Penitenciario y fuerzas de seguridad.
También señaló que los proveedores garantizan la reparación o sustitución rápida de los equipos en caso de daños, debido a que cuentan con presencia en Guatemala.
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NUEVA IMPLEMENTACIÓN
Ortiz recordó que los bloqueadores instalados años atrás quedaron obsoletos por el rápido avance tecnológico.
“Los problemas que tuvimos con los bloqueadores que se instalaron hace años es la obsolescencia de la tecnología.”
Añadió que este tipo de soluciones generalmente tienen una vida útil garantizada de entre dos y cinco años y contratos de soporte que oscilan entre uno y dos años.
Respecto a la instalación en otros centros penitenciarios, aseguró que el Ministerio ya realizó estudios geográficos de los ocho centros priorizados, donde se concentra la mayor cantidad de llamadas extorsivas atribuidas a pandillas.
Indicó que el principal reto será la instalación de la infraestructura necesaria y la correcta orientación de las antenas para evitar interferencias en viviendas cercanas.
Además, afirmó que buscan que el proveedor garantice una solución adaptable a la geografía y estructura de cada centro de detención.
RUTA A SEGUIR
Tras concluir la fase técnica, el Ministerio inició el análisis financiero para determinar la disponibilidad presupuestaria que permita adquirir los equipos.
Ortiz explicó que actualmente las áreas administrativas revisan si existen recursos disponibles o si será necesario realizar transferencias presupuestarias antes de iniciar el proceso de compra.
Precisó que la adquisición deberá realizarse mediante licitación pública debido al monto previsto. “Determinar la tecnología fue la parte fácil. La parte difícil es adaptar nuestro presupuesto y nuestros procesos de adquisición para poder adquirir la solución ideal.”
La viceministra estimó que cada sistema tendría un costo aproximado de entre 150 mil y 200 mil dólares por centro de detención, cifra que servirá de referencia para elaborar los requerimientos técnicos.
Aunque reconoció que el proceso de licitación puede prolongarse por los controles legales establecidos para prevenir hechos de corrupción, aseguró que la cartera busca darle prioridad al proyecto.
“Esperamos que podamos finalizar el año fiscal y, si no pudiéramos por la complejidad del proceso de licitación, esperaríamos tener la programación suficiente para que salieran los primeros meses del año 2027.”
NEGOCIACIONES Y LEYES
Ortiz reiteró que los bloqueadores representan únicamente una parte de la estrategia para impedir las comunicaciones ilegales desde las cárceles. Afirmó que la solución ideal continúa siendo una legislación que obligue a las empresas de telecomunicaciones a bloquear las comunicaciones ilícitas desde los centros penitenciarios.
“Como Ministerio de Gobernación no nos podemos detener y esperar hasta que la iniciativa de ley sea aprobada por el Congreso.”
La viceministra explicó que la experiencia en otros países demuestra que, cuando se bloquean las llamadas telefónicas mediante software, las estructuras criminales buscan otros mecanismos para comunicarse.
“Tenemos que ir un paso adelante de cómo funciona la delincuencia dentro de los centros de detención.”
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Entre esas alternativas mencionó el uso de walkie-talkies, drones, internet satelital y otros dispositivos electrónicos, por lo que la nueva tecnología busca administrar diferentes bandas de frecuencia autorizadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones.
En cuanto a la señal satelital, indicó que la frecuencia utilizada por Starlink es distinta a la de la telefonía móvil, por lo que deberá configurarse específicamente para bloquear ese servicio.
Además, señaló que el Ministerio mantiene acercamientos relacionados con la distribución de este tipo de equipos en Guatemala y recordó que toda antena requiere un proceso de configuración que deja registros.
Ortiz adelantó que, mientras se implementan los nuevos bloqueadores, el Ministerio comenzará a denunciar penalmente a los propietarios de routers, antenas Starlink y otros dispositivos de comunicación localizados dentro de las cárceles.
