El 31 de julio de 2025, apenas tres días después de la presentación de la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Prensa Libre publicó el primero de ocho editoriales, contando este, para resaltar la crucial importancia del aval legislativo a dicha norma para el país, a fin de modernizar el combate del crimen organizado y de las mafias de corrupción a través de la detección y detención de flujos dinerarios ilícitos, provenientes, sobre todo, de trasiegos, extorsiones y corrupción. Se titulaba Reforma antilavado exhibirá fidelidades, en alusión a las denotaciones que tendrían —y tienen— las posturas de las bancadas representadas en el Congreso de la República respecto de esa propuesta.

Por más de nueve meses hemos reiterado, sin titubeos, de manera clara y enfática, la misma postura de exhortativa a la discusión seria, técnica y constitucional de tal reforma, en sucesivos editoriales y en nuestra cobertura diaria, donde el propósito ha sido advertir de que, si no se aprueba la ley, Guatemala caerá en la lista gris de países con deficiencias en prevenir el lavado de dinero, además del impacto en costos operativos para envío de remesas o el alejamiento de inversión extranjera.

Los títulos de editoriales reflejan una postura coherente en favor del Estado de derecho, la institucionalidad, la justicia y el desarrollo: Actualizar ley contra el lavado es imperativo (22 de agosto 2025), ¿Diputados le rehúyen a reforma antilavado? (25 de octubre 2025), Reforzar ley antilavado debe ser prioridad (6 de enero 2026), Dilaciones a ley contra lavado ya son muy obvias (14 de abril de 2026), Semana clave para aval final a la ley antilavado (4 de mayo 2026) y Politiqueros se colocan en la mira de EE. UU. (11 de mayo último) acerca de las implicaciones geopolíticas de no aprobarla en el primer período ordinario de sesiones del año.

“Nos debemos a Guatemala y a los guatemaltecos”, reza nuestro primer editorial del 20 de agosto de 1951, y en esa línea nos mantenemos y nos seguiremos manteniendo, en defensa de la democracia y de las garantías constitucionales, para impulsar el desarrollo integral del país. Por principio, desde hace 75 años, nos declaramos y mantenemos en equidistancia de cualquier postura o sector de la política —oficialistas u opositores—, porque nuestra única convicción es servir periodísticamente a nuestra audiencia.

Por eso rechazamos categóricamente la aseveración lanzada ayer en un comunicado del partido Todos, en el cual se nos señala de “ser voceros de los verdaderos lavadores de dinero”. En todo caso, los partidos que han bloqueado o entorpecido la aprobación —desde el oficialismo a la oposición—, después de tres lecturas sin discusión, se ponen en evidencia ante los guatemaltecos. Además, se rechaza que nuestra publicación esté “acomodada a los intereses de Samuel Pérez”, por el hecho de haber citado a voces legislativas obtenidas en el fragor de la plenaria del martes 12 de mayo. Debido a la hora en que finalizó la sesión, se pidieron posturas y explicaciones acerca de la no aprobación de la iniciativa a congresistas que estaban presentes aún, pues muchos ya se habían retirado. Puede haber limitaciones humanas o de tiempo en nuestra labor, incluso errores por la premura, mas nunca animadversión.

De hecho, se insta al Congreso y a la Comisión Permanente a convocar una sesión extraordinaria para concretar la aprobación, con una discusión seria, sin condicionamientos fatuos ni alteraciones improvisadas. En todo caso, es bueno saber que, como salieron a expresar ayer, varias bancadas están a favor de la norma y deben concretar su postura instando a la celebración pronta de la plenaria extra y apoyando la ley con los principios que declaran poseer.