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Medida dudosa podría agravar crisis en deporte

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Medida dudosa podría agravar crisis en deporte
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El deporte federado y olímpico guatemalteco ha estado sujeto a rudos avatares desde hace un lustro.

¿Qué es aquello que mientras más grande, menos se ve? pregunta una adivinanza infantil cuya respuesta puede ser motivo de una sonrisa: la oscuridad. Lamentablemente, en el plano de ciertas realidades nacionales marcadas por decisiones obtusas, desfachatados conflictos de interés y evidente falta de ética profesional, esa oscuridad no tiene ninguna gracia ni excusa, sobre todo cuando los aparentes remedios para solventar una crisis resultan tan dañinos como la enfermedad, porque denotan mayor falta de luces, de norte axiológico y hasta ignorancia de la ley —con las dos acepciones del verbo ignorar—.

Ante las denuncias de presuntos manejos dudosos de recursos públicos por parte de directivos del deporte olímpico guatemalteco, que ya han motivado allanamientos en busca de evidencias de dispendios ilícitos o posible nepotismo en otorgamiento de becas en el extranjero, la Asamblea General del Comité Olímpico decidió la noche del jueves último el nombramiento de un comité ejecutivo interino, supuestamente en favor de la “autonomía” y la “neutralidad política” de la entidad.

Cabe señalar que una de las denuncias que llevó a la pesquisa del Ministerio Público es acerca de posibles irregularidades administrativas y falsificación de escritos relacionados con el manejo de documentación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal del 2022, a través de las cuales se habría buscado beneficiar a algunos dirigentes. Además, el jueves hubo un allanamiento relacionado con amaño de ciertos beneficios para favorecer a familiares de directivos y en detrimento de talentos deportivos que sí los ameritarían. Hasta allí, la única amenaza a la “neutralidad” y a la “autonomía” sería la posible conducta ilícita que se pretende evidenciar.

En lo que varios sectores críticos consideran como un intento de minimizar la controversia por la necesaria y largamente rezagada investigación de dichas denuncias, se nombró en forma interina a cinco personas, cuatro de las cuales tienen impedimento legal para desempeñar tales cargos, pues son contratistas de dependencias integrantes del Comité Olímpico Guatemalteco, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 24 de los estatutos vigentes de la institución y por el artículo 156 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

En dichas normativas es taxativa e ineludible la prohibición para que personas que sean remuneradas por organizaciones administrativas o técnicas del deporte federado desempeñen cargos en el COG. Julio Cáceres, designado presidente interino; Nora Segura, vicepresidenta y secretaria general interina; Tulio Contreras Roldán, vocal segundo interino, y Aída Boesche Pedrero, vocal tercero interina, tienen contratos con federaciones. Estos contratos o sus montos no están siendo, de ninguna manera, cuestionados —al menos no ahora—, pues se trata de prestación de servicios profesionales: pero dicha relación contractual obsta legalmente para el desempeño de los cargos, incluso provisionalmente.

El deporte federado y olímpico guatemalteco ha estado sujeto a rudos avatares desde hace un lustro, a causa de directivos que detentan los recursos y potestades como si fuesen un botín, y no como una misión con el desarrollo integral de talentos. La Contraloría General de Cuentas evaluará los nombramientos, pero desde ya se hace evidente la contradicción. Querer negarla es tratar de hacer desaparecer un agujero cavando aún más profundo, o intentando esconderla en un oscurantismo lesivo.

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