El TSE dio marcha atrás a la anunciada e injustificable decisión de no permitir la entrada de medios periodísticos a las sesiones plenarias de magistrados y representantes de partidos políticos. Es poco probable que tal giro se hubiese dado de no ser por la presión de sectores ciudadanos, académicos, centros de pensamiento y medios de comunicación independientes. En todo caso, corregir es loable, aunque vale la pena anotar que en un primer momento tal secretismo fue impuesto por el voto de varios partidos en contra del acceso público, secundados por otros que prefirieron abstenerse en lugar de defender el derecho al acceso a la información.

Reza un dicho que “mal paga el diablo a quien bien le sirve”, y hay otro que dice que “de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. Ambos vienen a colación a propósito de la explicación del pleno de magistrados acerca de que “para practicar la democracia en casa” sometieron el asunto a votación de los representantes de partidos, con el polémico resultado ya descrito. El reclamo cívico amenazaba con desmentir de forma anticipada cualquier discurso propagandístico sobre transparencia y cuentadancia. Esa fue la causa real para el cambio de postura.

Pese a la primera experiencia, el TSE volvió a someter a votación la apertura de sesiones al ojo público. Otrora negacionistas y abstencionistas apoyaron el sí, cada uno con su excusa, justificación o “temor” a supuestas tergiversaciones o interpretación política del contenido de las discusiones, como si el hermetismo impuesto no fuera elocuente. Lo llamativo es que varios de ellos responsabilizaron a los magistrados por ponerlos a decidir un asunto que es responsabilidad del pleno. Se lavaron las manos, pues.

En efecto, el TSE es el que padeció el desgaste por la primera medida, debido a que si bien se trata de un espacio democrático, también es la única instancia facultada con la autoridad administrativa y punitiva en materia electoral. Por eso es tribunal, porque escucha argumentos, analiza razones, valora leyes y vela por las garantías inalienables de las organizaciones, pero en especial de la ciudadanía.

En todo caso, la apertura anunciada para estas sesiones debe mantenerse durante todo el proceso electoral, sin cortapisas ni condicionamientos arbitrarios. Es más, se puede ir en una vía aún más proactiva: tal como se sugirió en este mismo espacio hace 10 días, el departamento de Comunicación del TSE debe aprovechar la tecnología para transmitir en vivo las reuniones a toda la ciudadanía guatemalteca, dentro y fuera del país, mediante redes sociales y el propio portal digital institucional. Los partidos pueden instruir a sus bases departamentales y municipales a estar atentas a dichos encuentros, como una disposición, ahí sí, de practicar la democracia desde casa.

Es posible que este proceso electoral sea el más desafiante de la historia por el número de partidos y, por ende, de aspirantes a cargos. Pero ahí mismo está la principal justificación para aclarar lineamientos, anunciar resoluciones y también sanciones de cara a la ciudadanía. Abrir las sesiones no es una concesión y menos un favor a la prensa, sino una obligación de servicio para esos nueve millones de guatemaltecos que desde ya sopesan la decisión que marcará su futuro y el de sus hijos. Mientras tanto, los partidos no deberían urdir, sugerir o impulsar en secreto lo que no puedan decir en voz alta. Demasiados pactos ocultos ha padecido Guatemala como para seguirlos fomentando desde antes de ser electos.