Ante las altas expectativas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a millones de migrantes indocumentados, las policías estatales y los sheriffs recuperan su poder y pueden actuar en funciones propias de agentes federales, de acuerdo con una publicación del diario español El País.

Según la nota, Trump impulsa un programa en desuso que faculta a las policías locales a ejecutar acciones propias de agentes federales, como mantener en la cárcel a migrantes indocumentados.

Ampliar el poder de las policías estatales y los sheriffs obedece, según El País, a que al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), le faltan medios para ejecutar el plan de Trump, quien ve un respaldo en las fuerzas de seguridad locales y estatales.

Aunque el mandatario estadounidense aseguró que su campaña de deportaciones se limitaría a los migrantes con antecedentes delincuenciales, en lo que va de su mandato la mitad de las detenciones han sido de migrantes sin antecedentes penales.

De acuerdo con cifras oficiales, en Estados Unidos hay entre 11 millones y 13 millones de migrantes indocumentados, de cuáles cerca del 90 por ciento no tiene antecedentes penales; además, se sabe que la mayoría de los delitos cometidos son leves, como multas de tráfico o conducir ebrios, pero por los acuerdos los detenidos en estas circunstancias se mantendrían en prisión hasta ser deportados a sus países de origen.

El programa

El programa 287(g) con el que Trump busca fortalecer las acciones de los agentes estatales solo se aplica con los detenidos en las cárceles; sin embargo, el objetivo es que se amplíe y los agentes locales puedan detener en las calles a migrantes, como lo hacen los efectivos del ICE.

Anteriormente se implementaba esa práctica, pero el presidente Barack Obama la eliminó al comprobarse que se cometían actos de discriminación racial en las detenciones, por lo que su aplicación se limitó a las cárceles.

El País detalla que, en el 2011, una investigación del Departamento de Justicia concluyó que los agentes del condado de Maricopa, en Arizona, dirigidos por el antiguo sheriff Joe Arpaio, seguían un patrón de discriminación racial durante las detenciones de migrantes.

Describe que los agentes de dicho condado efectuaban redadas de manera rutinaria en vecindarios hispanos y que los conductores latinos tenían hasta nueve veces más probabilidades de ser detenidos en comparación con otros pilotos, por lo que la Administración Obama rescindió el acuerdo 287(g) con dicho condado.

El gobierno de Joe Biden no eliminó el programa como los había prometido, y en diciembre de 2024 el ICE tenía acuerdos 287(g) con 135 agencias policiales estatales o locales en 21 Estados, la mayoría en Texas, Florida y Carolina del Norte.

La nota de El País detalla que el Senado de Indiana aprobó fondos estatales para los participantes en el 287(g) y está pendiente de aprobarse en la Cámara de Representantes.

Además, los legisladores de Florida han aprobado un programa de subvenciones para los agentes locales que ayuden a desempeñar funciones reservadas a las autoridades federales de inmigración.

Modelos

Existen dos modelos que funcionan en la actualidad. El modelo de aplicación de la cárcel (JEM, en inglés) que permite hacer interrogatorios a los detenidos para determinar su estatus migratorio.

El modelo de oficial de servicio de orden (WSO) autoriza a los agentes a cumplir las órdenes del ICE, pero no les permite hacer interrogatorios.

El condado de Nassau, en Long Island, Nueva York, comunicó que sus agentes de policía se unirán al esfuerzo de deportación masiva del ICE, con una ampliación del 287(g).

El reportaje describe que, para facilitar la colaboración de los sheriffs y poder usar sus cárceles, el zar de las fronteras, Tom Homan, dijo ante la Asociación Nacional de Sheriffs que rebajará los requisitos para las detenciones.