Durante la tarde de este miércoles 5 de marzo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la agencia del gobierno federal responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior de EE. UU, anunció una nueva política de restricción de visas dirigida a funcionarios extranjeros que faciliten la migración ilegal.

“Asegurar las fronteras de nuestra nación es de vital importancia para hacer que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte y más próspero. Los países a lo largo de las rutas migratorias deben hacer su parte para prevenir y desalentar el tránsito de extranjeros que buscan ingresar ilegalmente”, indicó el Secretario de Estado, Marco Rubio.

Esta nueva política de restricción de visas se aplicará a funcionarios de gobiernos extranjeros, incluidos los trabajadores de inmigración y aduanas, como también las autoridades aeroportuarias y portuarias, al igual que otros puestos que presuntamente son responsables de “facilitar conscientemente” la inmigración ilegal a EE. UU.

“Muchos funcionarios no hacen cumplir las leyes de inmigración o establecen e implementan nuevas políticas y prácticas que, a sabiendas, facilitan el tránsito de extranjeros que intentan inmigrar ilegalmente a los Estados Unidos a través de la frontera suroeste del país”, agregó Rubio, a través de un comunicado de prensa.

Restricción para funcionarios extranjeros

De acuerdo con el Secretario de Estado, Marco Rubio, esta nueva medida complementará la “política 3C existente”, ampliada en el 2024, la cual se relaciona directamente con los funcionarios del sector privado que brindan servicios de transporte y viajes diseñados principalmente para los extranjeros ilegales que viajan a los Estados Unidos.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), dicha política 3C tiene como objetivo detener las operaciones de transporte por parte de propietarios, ejecutivos y altos funcionarios que se aprovechan de la situación de migrantes vulnerables para facilitar la migración irregular hacia los Estados Unidos.

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“Quienes vienen a los Estados Unidos sin un fundamento legal a menudo pagan precios extorsivos y se exponen a riesgos ellos mismos, además de exponer a todos sus familiares que los acompañan, nada más para terminar siendo asignados a procedimientos de expulsión conforme a las leyes sobre inmigración de EE. UU”, añadió Rubio.

A su vez, el Departamento de Estado lanzó un comunicado en donde indican que nadie debería beneficiarse de la situación de los migrantes vulnerables, ya sean contrabandistas, empresas privadas o funcionarios públicos: “Seguiremos colaborando con los gobiernos y con el sector privado para eliminar esta práctica de explotación”.

Estas nuevas medidas continuarán hasta que los funcionarios extranjeros asuman la responsabilidad de garantizar que existen políticas vigentes y se apliquen las leyes de inmigración para impedir el tránsito de las personas hacia Estados Unidos, ya que la nación norteamericana no dará marcha atrás para defender sus intereses de seguridad.

En la actualidad, los países que se encuentran a lo largo de las rutas migratorias son: México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, por lo que las autoridades estadounidenses consideran que los gobiernos de dichas naciones deben hacer su parte para prevenir el tránsito de migrantes ilegales.

Countries along migratory routes must do their part to prevent and deter the transit of illegal aliens. @StateDept has instituted a new visa restriction policy for foreign government officials responsible for facilitating the transit of illegal aliens into the United States.…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 5, 2025