El Organismo Ejecutivo reporta avances en la simplificación y digitalización de trámites como parte de los esfuerzos para fortalecer la eficiencia en la atención a la ciudadanía. De acuerdo con la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), actualmente 30 instituciones cuentan con servicios y gestiones disponibles por medios electrónicos, lo que permite a la población realizar diversos trámites de forma digital.

De un total de 1,240 trámites identificados por la GAE en las instituciones del Organismo Ejecutivo, 840 ya se encuentran disponibles en plataformas electrónicas, mientras que otros 400 continúan en proceso de validación para su próxima incorporación.

Entre las instituciones que cuentan con más trámites digitales se encuentran el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Gobernación (Mingob), el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) y el Ministerio de Educación (Mineduc), que han conseguido habilitar el 100% de sus trámites en formato digital.

En contraste, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) registra 204 trámites identificados, ninguno de ellos disponible por medios electrónicos. Le siguen el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), con 130 trámites aún en formato físico, y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), con 20. Según la GAE, los procedimientos de estas instituciones permanecen en fase de validación antes de su incorporación a las plataformas digitales.

Sigfrido Lee, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), reconoció los avances alcanzados por distintas instituciones, aunque señaló que la transformación digital debe implementarse de forma sistemática e integral. “No puede ser que una entidad avance mucho y luego la de al lado no avance lo suficiente”, comentó.

Explicó que muchos trámites dependen de procesos coordinados entre varias instituciones, por lo que la digitalización solo genera beneficios cuando todas las entidades involucradas reducen tiempos y simplifican procedimientos. “De nada me sirve que saque el RTU en la SAT, si luego me tardo de seis a 12 meses en obtener la licencia sanitaria. De todos modos me tardé bastante tiempo”, indicó.

Añadió que el mayor rezago continúa concentrándose en instituciones como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, donde aún existen procedimientos con tiempos prolongados de respuesta.

Por su parte, Claudia Del Águila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de Agexport, afirmó que la digitalización de los servicios públicos representa un avance hacia un Estado más moderno y eficiente, aunque consideró que el éxito del proceso dependerá de que los cambios realmente simplifiquen la gestión para ciudadanos y empresas.

“La verdadera medida del éxito no es únicamente cuántos trámites están digitalizados, sino si esa digitalización realmente simplifica la gestión para los ciudadanos y las empresas. En muchos casos todavía existen procesos híbridos, duplicidad de requisitos, validaciones manuales o tiempos de respuesta que limitan los beneficios esperados”, señaló.

Trámites en las instituciones de gobierno

Reducción de trámites

Lee considera que uno de los principales retos es lograr que la digitalización trascienda la conversión de formularios físicos a plataformas electrónicas y se traduzca en procesos integrados entre las instituciones públicas.

Explicó que, cuando una entidad del Estado ya posee determinada información de un ciudadano, esta no debería volver a solicitarse en otro trámite. Como ejemplo mencionó el Registro Tributario Unificado (RTU) e indicó que, si una dependencia gubernamental ya cuenta con ese documento, no tendría sentido exigir nuevamente una copia al usuario.

A su criterio, ese avance requiere consolidar una identidad digital que permita compartir información entre las distintas entidades estatales y evitar la duplicidad de requisitos. “Mucha de esta información ya debería estar sistematizada alrededor de lo que se conoce como la identidad digital. Guatemala ya tiene la tecnología y la institucionalidad, pero realmente no lo implementa”, comentó.

Asimismo, señaló que otro de los desafíos consiste en evitar que los procesos solo sean parcialmente digitales. Explicó que, en algunos casos, los usuarios realizan la gestión por internet, pero posteriormente el trámite vuelve a depender de procesos manuales o de documentos impresos.

Como ejemplo recordó el proceso relacionado con la constancia del impuesto sobre circulación de vehículos. Aunque el pago ya podía realizarse electrónicamente, todavía era necesario presentar el documento impreso durante las verificaciones de tránsito. “El proceso no era digital, seguía siendo manual”, afirmó.

Por su parte, Del Águila indicó que la transformación digital debe ir acompañada de la simplificación administrativa, la interoperabilidad entre instituciones y la eliminación de requisitos innecesarios. “El usuario debería poder realizar un trámite de principio a fin en línea, con trazabilidad y certeza sobre los tiempos de respuesta”, expresó.

Añadió que, desde la experiencia del sector exportador, cuando los procesos digitales están correctamente diseñados permiten reducir costos, fortalecer la transparencia y disminuir los espacios para la discrecionalidad.

La digitalización aún no se percibe

Aunque reconoce los avances alcanzados por distintas instituciones, Lee consideró que estos todavía no son percibidos de forma generalizada por la población debido a que el proceso no ha sido implementado de manera integral. “Lamentablemente siempre vamos a medir al Estado por su peor trámite”, comentó.

Indicó que, aunque algunas entidades han modernizado sus servicios, la ciudadanía continúa enfrentando procedimientos presenciales o con tiempos prolongados de respuesta en otras dependencias, lo que reduce la percepción de mejora.

Agregó que también existe una desconexión entre la estrategia de transformación digital y los usuarios. “Realmente no conocemos cuál es la política de transformación digital del Estado y la población no se siente parte de esa política”, señaló.

A su criterio, además de impulsar cambios tecnológicos, también es necesario comunicar a los ciudadanos cómo se están implementando estas herramientas y de qué forma pueden utilizarlas.

En ese sentido, Del Águila afirmó que la percepción del cambio dependerá de que la digitalización simplifique efectivamente la gestión de los usuarios. “Para que la ciudadanía perciba el cambio, es indispensable que la digitalización vaya acompañada de simplificación administrativa, interoperabilidad entre instituciones y una comunicación más efectiva sobre los servicios disponibles”, indicó.