La reciente liberación de 15 de 29 personas acusadas de operar como “motoladrones”, causó estupor en la población y la justa indignación del ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, tal y como lo diera a conocer de viva voz en la entrevista en Emisoras Unidas la mañana del lunes 28 del mes en curso.

No es la primera vez que jueces y magistrados se comportan como auténticos cómplices de las redes criminales que acechan a los guatemaltecos. La labor policial y las investigaciones del Ministerio Público las transforman en una burla continuada y objeto de desdén por la carencia de persecución y eventual castigo a los delincuentes.

A estas conductas que riñen con la razón de ser de quienes tienen bajo su responsabilidad la aplicación de la justicia, se suman otros hechos deleznables de los que este medio ha dado cuenta de manera reiterada. La “venta” de plazas es otro ejemplo de la podredumbre atrincherada en los recintos laborales de aquellos poseedores de disfraces de togados.

Guatemala no es el único país con jueces y magistrados corruptos. Pero, el cinismo del que hacen gala cada una de estas personas mal llamadas “honorable juzgador” sí raya en una desproporción de la que guatemaltecos de todo tipo pueden llegar a ser víctimas.

Esa primera audiencia, como “juicio de probabilidades” para unos y como ingrata tortura para otros, se manifiesta como una auténtica arbitrariedad en manos de jueces y magistrados corruptos. Audiencias que se posponen a un punto en el que llegan a carecer de precisión y el presunto implicado ahí sí, guardando prisión.

Otro ejemplo lo constituye el caso de los magistrados de la Sala Sexta que a inicios de agosto de este año ordenaron a la Contraloría General de Cuentas extenderle el llamado “finiquito” al impostor, también disfrazado de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y así, lastimosamente, un largo etcétera poniendo en evidencia la banalidad de quienes debieran ser ejemplo de rectitud y honradez.

Si la justicia es la gran ausente dentro del régimen de legalidad del país, el Estado de Derecho no es más que un enorme caldero en el que se cocinan todas las inequidades posibles y se acentúan las desigualdades de la persona ante el Estado, pues éste se vuelve en un renovado ente represor que no brinda certeza jurídica, no ofrece la búsqueda y localización de solución a controversias; antes bien, estimula la compra de voluntades y la carencia total de valores y principios éticos.

Reemplazar los mecanismos y procedimientos para la nominación y elección en general de jueces y magistrados es más que urgente. El país va a la deriva en estos aspectos y en esa atmósfera, las organizaciones criminales no hacen más que acentuar su fuerza imponiéndose a dolor, plomo y sangre. Este estado de cosas debe cambiar cuanto antes.