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Ley de Contrataciones: diputados discuten iniciativa que incluye alertas en Guatecompras y cambios en juntas de licitación

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Ley de Contrataciones: diputados discuten iniciativa que incluye alertas en Guatecompras y cambios en juntas de licitación
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Las discusiones sobre cambios a la iniciativa 6688, el nuevo proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, incorporan varias modificaciones que fueron planteadas esta mañana por autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas ante diputados de la Comisión de Economía. Las reformas están relacionadas con disposiciones sobre la evaluación de ofertas, el rol de las comisiones de […]
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Las discusiones sobre cambios a la iniciativa 6688, el nuevo proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, incorporan varias modificaciones que fueron planteadas esta mañana por autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas ante diputados de la Comisión de Economía.

Las reformas están relacionadas con disposiciones sobre la evaluación de ofertas, el rol de las comisiones de contratación, el cómputo de plazos en los procesos de contratación y el funcionamiento de las alertas dentro del sistema de compras públicas.

Uno de los puntos centrales se encuentra en el artículo 21, que establece que los órganos de control y auditoría competentes deberán monitorear las contrataciones públicas mediante el desarrollo, implementación y mantenimiento de un sistema de alertas en Guatecompras.

La propuesta establece que este mecanismo empleará herramientas tecnológicas avanzadas, algoritmos para la detección de patrones, indicadores de riesgo y criterios objetivos predefinidos, con el propósito de identificar oportunamente situaciones que puedan evidenciar posibles irregularidades, fraudes, colusión o violaciones al principio de integridad en los procesos de contratación.

El sistema también emitirá alertas a las entidades obligadas y demás instituciones del Estado, con el objetivo de fomentar la transparencia y eficiencia en las compras públicas.

La incorporación de estos mecanismos busca que el monitoreo no se limite a la revisión de los requisitos de cada procedimiento, sino que permita identificar comportamientos o coincidencias que puedan representar riesgos en las contrataciones.

COMISIONES PARA LA EVALUACIÓN DE OFERTAS

Otro de los cambios se relaciona con las juntas o comisiones de evaluación de ofertas, reguladas en el artículo 49, dentro del capítulo II, denominado «Otros entes responsables».

El texto establece que, en los métodos de contratación pública que lo requieran por su naturaleza, objeto y complejidad, se deberá nombrar una comisión de evaluación y sus respectivos suplentes, integrada por servidores públicos. Esta instancia será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y calificar las ofertas recibidas conforme a los criterios y la metodología establecidos en el pliego de condiciones.

A partir de esa evaluación, la comisión deberá recomendar la adjudicación o la no adjudicación del proceso. La recomendación tendrá que quedar documentada en un informe electrónico generado en Guatecompras, que servirá de sustento para la decisión de la autoridad competente.

De esta manera, la propuesta establece que la evaluación de las ofertas y la recomendación sobre el resultado de la contratación queden respaldadas mediante un informe dentro del sistema electrónico de compras públicas.

NUEVAS REGLAS PARA PLAZOS

Por aparte, el artículo 11 establece nuevas reglas para el cómputo de los plazos derivados de la aplicación de la ley. Estos comenzarán a contarse a partir del día hábil siguiente de su registro y publicación y, como regla general, se contabilizarán en días hábiles, salvo que la propia normativa o los reglamentos establezcan expresamente que deben ser en días calendario.

El artículo también dispone que el reglamento desarrollará las reglas generales para el cómputo de los plazos. Asimismo, la Dirección General de Contrataciones Públicas y otros órganos especializados podrán emitir disposiciones para uniformar su aplicación, dentro del ámbito de sus competencias.

Sin embargo, estas disposiciones no podrán crear, ampliar, reducir o suspender los plazos establecidos en la ley y su reglamento por la vía administrativa.

El artículo 12, por su parte, aborda el uso de firmas electrónicas en los procedimientos de contratación pública, otro de los aspectos incluidos en la revisión de la iniciativa.s.

ENFOQUE INTEGRAL

Uno de los objetivo de la iniciativa más relevantes de la iniciativa 6688 es el fortalecimiento de Guatecompras como plataforma de transparencia y rendición de cuentas.

Según la Comisión de Economía del Congreso, el proyecto establece que la información de las contrataciones sea pública, gratuita y esté disponible en formatos electrónicos y de datos abiertos.

También contempla la interconexión con otros sistemas del Estado y obliga a las entidades a registrar y publicar la información de sus procesos.

“Esto podría facilitar el seguimiento ciudadano, mejorar la fiscalización y reducir los espacios de opacidad en el uso de los recursos públicos”, apunta Guillermo Díaz, analista de la URL.

La iniciativa también incorpora herramientas para identificar con mayor claridad quiénes están detrás de las empresas que contratan con el Estado, según explicaron los ponentes hoy durante la sesión.

La obligación de informar sobre las personas naturales que ejercen el control efectivo de las personas jurídicas apunta a fortalecer la transparencia de los proveedores y dificultar que estructuras empresariales oculten a sus verdaderos beneficiarios.

Para Díaz, este es un elemento importante para prevenir conflictos de interés y elevar los estándares de integridad en las compras públicas.

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PERSONAL PROFESIONALIZADO

Otro cambio de fondo es la apuesta por la profesionalización de quienes administran las contrataciones.

El proyecto crea una Dirección de Formación y Desarrollo Profesional en Contrataciones Públicas, encargada de impulsar un plan estratégico de capacitación, formación técnica, ética e integridad institucional.

Esta medida reconoce que una ley moderna no será suficiente si los funcionarios carecen de conocimientos para planificar, evaluar ofertas, administrar contratos y tomar decisiones con criterios técnicos.

Los técnicos señalaron que la propuesta también busca ampliar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, proveedores locales y empresas lideradas por mujeres. Para ello contempla programas específicos de capacitación y mecanismos para facilitar su incorporación al sistema de proveedores.

Jorge Lavarreda, investigador del CIEN, explicó que el problema ya no es únicamente comprar con transparencia, sino comprar bien y lograr resultados.

Para el experto, el marco de contrataciones debe responder a proyectos cada vez más complejos, especialmente en infraestructura, tecnología y servicios especializados.

«Una ley moderna debería dejar de concentrarse excesivamente en procedimientos y montos y poner mayor énfasis en la planificación de la compra, la calidad de los estudios, la competencia, la evaluación de riesgos y la gestión del contrato», puntualizó.

Además, incorpora criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica en las contrataciones.

“Si estas disposiciones se aplican con reglas claras y sin reducir la competencia, podrían permitir que una mayor diversidad de empresas participe en las oportunidades que genera el gasto público”, agregó por su parte Díaz.

“VALOR POR DINERO”

En materia de eficiencia, el proyecto introduce el principio de valor por dinero, que plantea evaluar las ofertas no solamente por su precio, sino también por su calidad, sostenibilidad y beneficios durante la ejecución.

Esto abre la posibilidad de que el Estado tome decisiones de compra más convenientes en el largo plazo, en lugar de privilegiar automáticamente la oferta de menor costo.

También contempla mecanismos de compra innovadora, consultas preliminares al mercado, validación de prototipos y pruebas piloto, herramientas que podrían ayudar a encontrar soluciones más adecuadas para las necesidades de las instituciones públicas.

La iniciativa incorpora, además, un registro público único de sanciones e inhabilitaciones de proveedores, disponible en Guatecompras y en formato de datos abiertos. Establece que las sanciones deben estar previstas en la ley y reconoce expresamente el derecho de defensa.

Para Lavarreda, la transparencia no se logra agregando trámites, sino haciendo que todo el ciclo de la contratación sea trazable.

«Desde la identificación de la necesidad y los estudios previos hasta las modificaciones contractuales, pagos, avances físicos y recepción final», agregó.

Para el experto, Guatecompras debería evolucionar hacia un sistema que permita seguir cada proyecto de principio a fin, con información abierta, comparable y vinculada entre presupuesto, contratación y ejecución.

“Este componente puede contribuir a que las consecuencias por incumplimientos sean más transparentes y previsibles, tanto para las empresas como para los funcionarios responsables”, agregó Díaz.

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IMPLEMENTACIÓN SERÁ LA CLAVE

El alcance de estos cambios dependerá, sin embargo, de cómo se implemente la nueva normativa.

También será necesario garantizar una transición ordenada, con capacitación y herramientas tecnológicas adecuadas para las entidades públicas y los proveedores.

La principal fortaleza del proyecto es que conecta transparencia, capacidad institucional, competencia e innovación con un objetivo concreto: obtener mejores resultados por cada quetzal del presupuesto público.

«La ley actual es inoperante. Tiene monto y requisitos que no responden a la realidad. Para garantizar transparencia se requiere un modelo fraccionado, tipo Block chain, que reparta las funciones de licitación y adjudicación sin que una parte sepa lo que hace la otra», apuntó Díaz.

Lavarreda coincide y agrega que la modernización traerá beneficios: «la principal ganancia de tiempo se obtiene antes de licitar: un proyecto bien estructurado, con diseños adecuados, riesgos identificados, financiamiento asegurado y responsabilidades claras, se ejecuta mucho más rápido que uno que intenta resolver sus problemas después de adjudicado», puntualizó.

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