El giro de EE. UU. hacia el «narcoterrorismo» condiciona la estrategia de seguridad de Guatemala, según analistas
El Gobierno de Guatemala confirmó un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos enfocado, según las autoridades, en transferencia tecnológica, entrenamiento e inteligencia. Sin embargo, analistas advierten que el verdadero alcance y nivel de intervención de la potencia norteamericana dependerá estrictamente de la «letra pequeña» que quede plasmada en el convenio final. La confirmación oficial […]
El Gobierno de Guatemala confirmó un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos enfocado, según las autoridades, en transferencia tecnológica, entrenamiento e inteligencia. Sin embargo, analistas advierten que el verdadero alcance y nivel de intervención de la potencia norteamericana dependerá estrictamente de la «letra pequeña» que quede plasmada en el convenio final.
La confirmación oficial llega tras una publicación de The New York Times que, citando fuentes de Washington, reveló que el pacto busca viabilizar operativos conjuntos entre ambos ejércitos en suelo guatemalteco. El objetivo de estas misiones sería combatir a los cárteles del narcotráfico, organizaciones que la administración estadounidense ya cataloga formalmente como terroristas.
Tanto el presidente Bernardo Arévalo como el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, aseguran que se trata, primordialmente, de transferencia tecnológica, entrenamiento e inteligencia, entre otros. Analistas consideran que el alcance de las intervenciones militares de la potencia número uno del mundo dependerá de lo que quede firmado en el convenio.
Saenz aseguró que cualquier operativo en territorio nacional estará a cargo del Ejército de Guatemala y que los ejercicios de tropas extranjeras son algo que debe aprobar el Congreso de la República. En posteriores declaraciones a los medios, Arévaloconfirmó lo dicho por su ministro de Defensa y aseveró que el acuerdo fue una solicitud de Guatemala.
No obstante, analistas aún ven difícil opinar acerca de los alcances de la cooperación de EE. UU. hacia el Ejército o de eventuales intervenciones militares en Guatemala. Dicen que ambos aspectos dependerán de lo que haya quedado plasmado en el acuerdo final, pues hasta ahora solo se ha divulgado la carta de solicitud.
LA DECISIÓN DE ENTRAR ES DE EE. UU., DICE CATO
El vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute, un importante tanque de pensamiento con sede en Washington, expuso que el acuerdo obedece al nuevo enfoque de la administración Trump para combatir a los cárteles del narco; y, aunque Guatemala niegue el ingreso de tropas o aviones militares de EE. UU., es una posibilidad que «no hay que descartar».
«No podemos descartar un nivel de intervencionismo mayor por parte de este Gobierno, que está incurriendo en políticas que antes no se consideraban o que por lo menos no se ponían en práctica», detalló el entrevistado, quien subrayó que el presidente Trump no le pondría mucha atención al rechazo que podría generar en países como Guatemala una «mayor presencia intervencionista».
Añadió que el actual Gobierno de EE. UU. está convencido de que el narcotráfico hay que enfrentarlo con una solución militar; puesto que —recordó— estas acciones no las encuadran dentro de una «guerra contra las drogas», sino en contra del «narcoterrorismo», lo que significa que su proceder será en defensa de EE. UU.
«Por tanto, también justifican que la respuesta ya no sea puramente legal, sino una respuesta bélica porque lo definen ya como una verdadera guerra contra el narcoterrorismo; ha dejado de ser una metáfora», apuntó Vásquez.
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SE DESCONOCEN LAS REGLAS
El exembajador de EE. UU. en Guatemala, Stephen McFarland, coincidió en que para hablar de lo que implicarían las intervenciones militares o la cooperación es «crucial» conocer los alcances del acuerdo firmado, así como las reglas sobre el uso y escalonamiento de la fuerza letal.
«Los detalles del acuerdo son cruciales: quién hace qué y a quién, bajo qué leyes y bajo qué autoridad. ¿Quién decide sobre cualquier uso de fuerza letal? ¿Y cuáles son las reglas de enfrentamiento y las reglas sobre la escalada de la fuerza?», cuestionó el diplomático ya en situación de retiro.
Si se tratara solo de una cooperación para cuestiones de apoyo (como las citadas por las autoridades guatemaltecas), McFarland recordó que el apoyo militar en cuanto a logística, inteligencia, interdicción marítima y protección de fuerzas, siempre ha existido y en estos aspectos el Ejército de EE. UU. ha contribuido y contribuye con el país.
Hasta el momento de esta publicación, el acuerdo como tal no ha sido publicado, solo la carta de solicitud de Guatemala. El medio español El Paíspublicó un artículo en el cual, citando una fuente anónima del Gobierno de Guatemala, EE. UU. ha ejercido desde hace dos meses «una gran presión» para concretar el convenio.
«Lo que nos ofrecieron es seleccionar uno o dos lugares para hacer bombardeos y televisarlo todo», dijo la fuente al medio. Aunque aseguró que los bombardeos son algo que «no van a permitir», admitió que hasta el momento «no ha habido ni una sola reunión para afinar los términos» del acuerdo.
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, declaró el 27 de mayo en una comparecencia ante los medios junto con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, que su paísestá preparado para emprender acciones militares directas contra el narcotráfico mediante la Coalición de América contra los Carteles.
Aunque al acto en que se oficializó esta alianza no asistió el presidente Arévalo, sí lo hizo el ministro Saenz. Esta reunión se llevó a cabo el pasado 5 de marzo en Florida, EE. UU., y el asesor de Seguridad Nacional y subjefe de Gabinete, Stephen Miller, dijo a los ministros de Defensa de los países reunidos que los grupos de narcotraficantes son como el Al Qaeda o el Estado Islámico del continente americano.
Acotó que a estos grupos es preciso combatirlos con la fuerza militar más que la legal. “La razón por la que esta cumbre es de militares y no de abogados es porque solo pueden ser tratados con el poder militar”, enfatizó en esa ocasión.
A inicios de marzo pasado, en Ecuador, se hizo mucha publicidad de un bombardeo que el Ejército ecuatoriano, en conjunto con el de EE. UU., llevó a cabo en una supuesta planta de entrenamiento de narcotraficantes. El operativo se produjo en un área boscosa cercana a la frontera con Colombia.
Una investigación periodística de The New York Times después de visitar el área y entrevistar a los habitantes, reveló que en realidad en el lugar lo que funcionaba era una finca productora de leche.
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INCURSIÓN AÉREA
Sobre la posibilidad de incursiones aéreas por parte de EE. UU., Luis Fernando Andrade, exvicecanciller e internacionalista, dijo que esto tendría que quedar normado en los acuerdos que puedan firmarse. «No se excluyen, pero tiene que verse los alcances dentro de la soberanía del Estado y la responsabilidad del Ejército en el control del espacio aéreo, marítimo y fronterizo», subrayó.
Sin embargo, agregó que las intervenciones extranjeras están reguladas en la Constitución Política y es el Congreso de la República quien debe aprobarlas.
Andrade destacó que fortalecer las capacidades tecnológicas del Ejército es positivo porque este lleva «muchos años sin modernizarse y actualizarse» y los cárteles de la droga cuentan con tecnología avanzada y muchos mecanismos para infiltrarse en los territorios, como ocurrió en La Mesilla, Huehuetenango,o recientemente enEsquipulas, Chiquimula, frontera con Honduras.
Destacó que la cooperación es parte de una visión que tiene el Comando Sur de EE. UU., desde México hasta Colombia y Venezuela. Y subrayó que la colaboración podría darse en la identificación de operaciones sospechosas. «Si los radares detectan movimiento que hay que intervenir, se coordina con las fuerzas terrestres, marítimas o aéreas», ejemplificó.
Pero, «para poder estandarizarse, necesita equipo con nueva tecnología», precisó. Andrade expuso que hoy en día hay un constante monitoreo satelital de drones en toda la región y el Comando Sur puede visualizar el momento en que salen las lanchas, aviones y seguir sus trazos.
NO ES LA SOLUCIÓN TOTAL
Los analistas consideran que apoyar a los ejércitos y usar la fuerza militar para terminar con el problema del narcotráfico no es el camino correcto o, al menos, no es suficiente. Vásquez dijo que la historia ha demostrado que, al implementarse estos mecanismos en Latinoamérica, se exacerba la violencia.
«Tenemos mucha experiencia en Colombia, Perú, México… No funciona para reducir el flujo y consumo de drogas, pero sí incrementa la violencia y la corrupción y ayuda a debilitar a las instituciones», enfatizó el especialista del Cato Institute.
Agregó que, aunque la administración Trump adopta esta medida también debido a la preocupación por el deterioro de la seguridad en buena parte de la región, «no hay ninguna evidencia de que esta política reduzca el crimen y los homicidios». «Suele ser el caso con la guerra contra las drogas; si hay triunfos, son efímeros y luego se desplaza el negocio a otro lado o crea otra respuesta más violenta de los cárteles», advirtió.
Por su parte, en opinión de McFarland, el combate contra las drogas es «fundamentalmente un tema de aplicación de la ley y reducción de la demanda», y añadió que, para el caso de Guatemala, con la llegada del nuevo fiscal, Gabriel García Luna, EE. UU. tiene la oportunidad de «reparar y fortalecer la relación judicial e investigativa entre las fuerzas del orden guatemaltecas y estadounidenses».
«Los traficantes de narcóticos operan en un ecosistema político, económico y social», precisó el exembajador, por lo cual ve positivo el apoyo que la Embajada de EE. UU. en Guatemala ha hecho al apoyar la aprobación de la ley contra el lavado de dinero. También es clave, destacó, «identificar redes políticas y económicas ligadas a los narcos».
Andrade añadió que en el combate de los cárteles no solo tiene que ver el Ejército, sino con «múltiples frentes», como la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público, el Sistema Penitenciario, el sistema judicial, así como el control del lavado de dinero.
Sin embargo, lamentó que no exista una «coherencia estratégica efectiva» por parte de las autoridades guatemaltecas y la falta de liderazgo del que, en su opinión, adolece el Gobierno de Guatemala para coordinar estrategias regionales al menos con gobiernos cercanos como el de El Salvador y Honduras.
