Congreso recibe expediente de antejuicios de magistrados del TSE

Congreso recibe expediente de antejuicios de magistrados del TSE

Ahora se conformará la pesquisidora que conocerá la petición del retiro de inmunidad.
09/11/2023 20:44
Fuente: Canal Antigua 

La Junta Directiva del Congreso de la República confirmó que han recibido el expediente de antejuicio en contra de los Magistrados Titulares y Suplentes del Tribunal Supremo Electoral para decidir si se les retira la inmunidad.

La Presidenta del Congreso, Shirley Rivera, confirmó este jueves que ya fueron notificados por la Corte Suprema de Justicia sobre el proceso que se sigue para retirarles el derecho de antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y afirmó que en la próxima sesión plenaria se podría integrar la comisión pesquisidora que determinará si es factible quitarles la inmunidad.

Asimismo, el Vicepresidente del Congreso, Sergio Arana, detalló que el proceso que ahora sigue es conocerlo en la sesión de Jefes de Bloques y allí se agendará para que sea conocido en la próxima sesión plenaria.

Agregando que allí se hará el sorteo para determinar que diputados van a integrar la comisión pesquisidora, lo cual se daría cumpliendo a lo que dicta la ley en materia de Antejuicio. El caso es el antejuicio 255-2023 que planteó la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público en contra de los magistrados titulares del TSE:

​Irma Palencia
​Ranulfo Rojas
​Blanca Alfaro
​Gabriel Aguilera
​Maynor Franco.

Y también en contra de los magistrados suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.

El MP señala a los magistrados del TSE de los delitos de abusos de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.

Los antejuicios en contra de los Magistrados se han originado porque posiblemente suscribieron un contrato anómalo con la entidad Datasys Guatemala Asociada Anónimo, para contratar el programa informático para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral (TREP), y según el ente investigador el referido contrato administrativo se pudo haber utilizado para defraudar al Estado Guatemala.

Por Bryan Choy