En el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (Ipri) 2025, Guatemala obtuvo una calificación de 4.2 sobre 10, y se ubicó en la posición 88 de 126 países evaluados. Ese resultado coloca al país en el último quintil del ranquin mundial, lo que significa que sigue estando entre los más rezagados en la protección de los derechos de propiedad.

El puntaje bajo se explica, principalmente, por la debilidad del entorno político y legal, donde Guatemala apenas alcanzó 3.5 puntos, explicó Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de la Propiedad. Ese componente mide variables como independencia judicial, Estado de derecho, control de la corrupción y estabilidad institucional.

Aunque la Constitución reconoce la propiedad privada como un derecho fundamental, en la práctica el Estado no cuenta con la capacidad institucional para garantizarla. “La falta de independencia judicial, la corrupción y la ineficiencia para hacer cumplir resoluciones judiciales generan desconfianza entre la población”, refirió la ejecutiva.

Un mal desempeño

Los tres factores con peor desempeño en el índice para Guatemala fueron el Estado de derecho (2.85), el control de la corrupción (2.76) y el proceso de registro (3.06). En todos los casos, el problema de fondo está en la poca capacidad del Estado para brindar seguridad jurídica a los propietarios. Pese a los avances en modernizar el Registro General de la Propiedad, su plataforma digital (RGP Virtual) sigue teniendo limitaciones que impiden hacer trámites de forma completamente digital y segura, detalló Cáceres.

Según el documento del Ipri, entre el 2022 y el 2025, Guatemala tuvo una leve mejoría de 0.18 puntos, debido a algunos avances en la protección de la propiedad intelectual, especialmente en el área de marcas. No obstante, esa mejora no se traduce en un cambio estructural. El país sigue rezagado respecto del promedio de América Latina y muy lejos de las mejores prácticas en la región.

Cáceres comentó, que uno de los mayores retrocesos registrados en el informe fue en el indicador de acceso a financiamiento, con una caída de -0.78 puntos.

“Muchas personas en Guatemala no pueden usar su propiedad como garantía para obtener crédito, ya que no tienen títulos inscritos formalmente”, expresó la directora.

La falta de titulación impide que los bienes tengan valor legal ante bancos u otras instituciones financieras. Para mejorar ese panorama, se propone fortalecer y agilizar el proceso de titulación supletoria, que permitiría a más personas registrar legalmente sus propiedades y convertirlas en activos útiles.

Casos de éxito

El informe también señala que Guatemala podría aprender de países como Costa Rica, Panamá, República Dominicana y El Salvador, que han fortalecido sus registros sin necesidad de reformas constitucionales. Una de las principales recomendaciones es avanzar hacia la digitalización total del Registro General de la Propiedad, con procesos cien por ciento en línea, seguros y accesibles.

Para escalar posiciones en el ranquin regional —actualmente Guatemala está en el puesto 14 de 21 en América Latina y el Caribe—, se recomienda priorizar mejoras administrativas. Entre las medidas más factibles en el corto plazo se destaca la digitalización integral del registro, lo cual podría impactar positivamente en la percepción de seguridad jurídica y Estado de derecho.

Alerta en procesos

El estudio también alerta sobre una forma encubierta de expropiación, provocada por barreras administrativas que impiden ejecutar desalojos judiciales. Se identificaron tres obstáculos principales: primero, el Estado exige al propietario que cubra costos logísticos para el desalojo, lo cual no está contemplado por la ley; segundo, hay una falta de coordinación entre las instituciones encargadas de ejecutar los desalojos; y tercero, se confunde el desalojo judicial con desplazamientos forzados, lo que genera resistencia institucional.

De acuerdo con datos del Ministerio Público, entre el 2020 y el 2024 se registraron en promedio dos mil 477 denuncias anuales por usurpación y cinco mil 740 por falsificación de documentos, pero solo el 1.83% de los desalojos ordenados por los tribunales se ejecutó.

Segundo estudio de caso

El hecho de que Guatemala haya sido seleccionada nuevamente por la Property Rights Alliance para presentar un estudio de caso en el Ipri “confirma el aporte de los análisis técnicos que se realizan desde el Observatorio de Derechos de Propiedad, porque es un tema clave para el desarrollo nacional”, afirmó Andrea Cáceres, del Observatorio de Derechos de Propiedad.

El Observatorio de Derechos de Propiedad, con el apoyo del Property Rights Alliance y el Instituto de Libertad y Democracia, llevarán a cabo un foro, mañana 5 de noviembre de 8 a 11 horas, en el Hotel Westin Camino Real.

La conferencia central estará a cargo de Hernando de Soto, economista peruano y presidente del Instituto de Libertad y Democracia.